Fiscalía instauró recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema por absolución a Uribe

La Fiscalía insiste en que sí hay elementos contundentes para que la Corte Suprema de Justicia revoque el fallo absolutorio y condene al expresidente Álvaro Uribe.  

Por su parte, en el fallo de segunda instancia, los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá concluyeron que no existen pruebas documentales, testimoniales ni periciales que permitan responsabilizar al exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

A través de un fallo de 715 páginas, el Tribunal Superior de Bogotá en cabeza del magistrado ponente, Manuel Antonio Merchán, y la magistrada Alexandra Ossa Sánchez y con salvamento de voto parcial de María Leonor Oviedo Pinto,  absolvió de todos los cargos por los delitos de soborno en actuación penal al expresidente Álvaro Uribe al concluir que: "sus actuaciones fueron legales y no impartió instrucciones al abogado Diego Cadena para inducir a que mintiera y presionar por una retractación al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien lo vinculó en su momento a él y a su hermano Santiago de estar detrás de la creación de grupos de autodefensa".

De igual forma, determinó que tampoco se demostraron los sobornos a Carlos Enrique Vélez, alias Víctor y Eurídice Cortes Velasco, alias Diana, con una serie de pagos en el caso del primero que ascendió a los 60 millones de pesos.

Los magistrados ordenaron compulsar copias para que la Fiscalía adelante las investigaciones a que haya lugar en contra de alias Víctor, a quien calificó como mentiroso.

También se absolvió al expresidente Uribe delito de fraude procesal en torno al caso relacionado con el extraditado narcotraficante Juan Carlos el Tuso Sierra y el evento con tres exparamilitares de la cárcel de Combita (Boyacá).

Para el Tribunal,  en este caso la juez se extralimitó y construyó su propia teoría del caso sin una adecuada contrastación de las pruebas, ya que no bastaba con la afirmación de un testigo y por el contrario, la juez aplicó un rigor desproporcionado en la valoración de los testigos de la defensa frente a los de la Fiscalía.

El Tribunal también ordenó excluir como prueba clave las interceptaciones telefónicas practicadas al expresidente Uribe al declararlas ilícitas y desproporcionadas. Según la decisión, las grabaciones se realizaron con fines distintos a los permitidos por la ley e incluso fue desproporcionada.

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Por su parte, la magistrada María Leonor Oviedo Pinto en 412 páginas insistió a través de su salvamento de voto parcial en la culpabilidad del expresidente Uribe.

Tras este fallo absolutorio, las presuntas víctimas también anunciaron que presentaran un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, que de ser admitido, tendrá cinco años para fallar en última instancia frente al que es considerado el proceso del siglo.