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Así lo manifestaron las víctimas por medio de una carta abierta dirigida al presidente de la República Juan Manuel Santos, a los presidentes de Senado y Cámara de Representantes, al defensor del Pueblo, al fiscal general de la Nación, al procurador general y a los presidentes de las altas cortes.
Los familiares de los diputados del Valle del Cauca, secuestrados y asesinados por las Farc en hechos ocurridos entre los años 2002 y 2007, señalaron “su compromiso con el proceso de paz y, sin oponerse a la participación en política de ese grupo, piden que los miembros del secretariado que deseen tener participación política lo hagan después de haber sido sancionados por la Jurisdicción Especial Para La Paz, cuando dicho tribunal entre en funcionamiento”.
Para los familiares de los diputados, “los miembros de las Farc que hagan parte de la organización política deben cumplir a cabalidad con las penas impuestas por el Tribunal Especial Para la Paz; y en caso de incumplirla, es necesaria la expulsión de los miembros de ese grupo. Quienes no estén sometidos a la JEP tienen que perder dichos beneficios”.
Finalmente, en la carta se indica que “una de las obligaciones de los secretarios de las Farc, es el esclarecimiento de la verdad, así como el acatamiento de la JEP, a través de los cuales se construye el proceso de paz en Colombia”.
En medio de la solicitud, los familiares de los diputados del Valle, piden comprensión de su posición en medio de su condición de víctimas del conflicto armado.
Esta es la carta abierta de los familiares de los diputados del Valle:
