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A través de un llamado de atención, el Consejo de Estado condenó a la Nación, específicamente al Ministerio de Defensa, a indemnizar a tres familiares de víctimas que perecieron en la toma de Mitú perpetrada en 1998.
Serán 1400 millones de pesos los que deberá desembolsar tanto el Ministerio como la Policía por haber negado su responsabilidad en la defensa de los habitantes al manifestar que, previo al ataque, les habían advertido que ese día no debian abrir sus negocios por ser una zona de alto conflicto.
Para el Consejo de Estado no existe justificación frente al argumento de las dos instituciones; "es indignante que dentro de los argumentos la parte demandada pretenda justificar el fallo en el servicio que derivó en la muerte de varias personas durante esa toma guerrillera".
Según el alto tribunal, existe una insensibilidad al pretender que una persona tenga que determinar su seguridad y la de su familia dependiendo del sitio donde habite o en su defecto, sea recomendado no habitar por parte de entidades del Estado.
Para el Consejo de Estado hubo una evidente falla en la prestación del servicio de seguridad de la Policía y las Fuerzas Militares, lo cual redundó en una toma guerrillera que duró tres días y en la cual murieron 16 miembros de la Fuerza Pública y fueron secuestradas más de sesenta personas.
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