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Han pasado ya seis años y once meses desde que, en medio del mayor escándalo de corrupción en la historia del fútbol, Luis Bedoya presentó su carta de renuncia irrevocable a la presidencia de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), cargo en el que estuvo por casi nueve años.
Ha transcurrido el mismo tiempo desde que Bedoya, en compañía de su esposa, salió rumbo a los Estados Unidos para entregarse ante las autoridades que lo requerían por supuestamente recibir millonarios sobornos para direccionar contratos de exclusividad.
Tan solo dos días después de su arribo a los Estados Unidos, el 12 de noviembre de 2015, Bedoya reconoció su participación en los delitos de fraude en transferencia bancaria y conspiración de soborno. Sin embargo, con su aceptación de cargos también llegó una negociación para conseguir una rebaja de pena a cambio de colaboración y entrega de información que permitiera identificar a otros implicados en el denominado ‘Fifagate’.
Bedoya, el otrora todopoderoso hombre del fútbol colombiano, cumplió su palabra y en pocos meses vinculó a varios dirigentes sudamericanos con el escándalo por el millonario contrato para los derechos de televisión de la Copa América que se iba a disputar en Argentina.
En su declaración, dio pormenores de la forma en cómo se negoció el contrato, el activo papel de los hermanos de origen argentino Hugo y Mariana Jinkins, dueños de la empresa Full Play –que recibió el contrato- y de la forma en cómo cada uno de los directivos del fútbol sudamericano recibió un millón de dólares por su actuación. Dicho soborno se pagó en dos cuotas de US$ 500 mil.
Los directivos de la empresa –quien ya habían estado vinculados a un caso de lavado de dinero y pagos de soborno- contactaron a Bedoya y a los presidentes de las federaciones de Ecuador, Perú, Paraguay, Venezuela y Bolivia para que avalaran su propuesta y así recibir el anhelado contrato.
El movimiento se hizo con una cuenta bancaria de Miami que depositó las grandes cantidades de dinero en Suiza. De esta forma se evitaba el rastreo por parte de las autoridades y segundo se blindaba teniendo en cuenta las condiciones que tienen los bancos suizos.
Pero el exdirectivo colombiano fue mucho más allá y entregó información amplia de casos que se encontraban en el tintero y cuyos protagonistas principales se desconocían. Ese fue el caso del ofrecimiento soborno de una reconocida marca deportiva que para ser la indumentaria oficial de la Selección Colombia.
Bedoya, quien reconoció haber recibido sobornos entre 2007 y 2015, aseguró que tenía mucha información por contar y tocó uno de los temas “sagrados” de la FIFA: El Mundial de Fútbol. En 2010 –según narró- él y varios dirigentes del fútbol sudamericano fueron contactados por un catarí.
En una reunión –de la cual no precisó lugar ni fecha exacta- se les ofreció la suma de 15 millones de dólares si apoyaban la postulación de Qatar como Sede del Mundial que se iba a disputar en el 2002.
Sin embargo, en esa oportunidad, Bedoya no aceptó el ofrecimiento y votó por Estados Unidos para que fuera la sede de la Copa del Mundo en 2022. Su actitud, relata, no fue bien recibida por parte de otros directivos que le reclamaron por no apoyar a Qatar.
Para el próximo 22 de octubre está programada la audiencia en la cual una Corte de Nueva York leerá el monto de la condena contra el expresidente de la FCF. Este fallo ya se ha aplazado en siete oportunidades.
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El 25 de septiembre se iba a conocer la decisión, sin embargo, por petición de la defensa de Bedoya se postergó para el 5 de enero de 2018. En esa oportunidad tampoco se pudo realizar y se fijó la fecha del 6 de abril, la cual fue cambiada para octubre y luego nuevamente para abril del 2019. Como tampoco se pudo realizar la diligencia quedó postergada para octubre, fecha en la cual se dijo que quedaba para el 2 abril de 2020, pero por la pandemia fue aplazada nuevamente.
El expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol –como reveló un informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos- ya entregó bienes inmuebles y sus cuentas bancarias a las autoridades con el fin de rebajar el monto de la condena.
