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La Procuraduría General tiene plazo hasta el próximo 25 de enero para notificar formalmente a Edwin Besaile del fallo disciplinario en el que fue destituido como gobernador de departamento de Córdoba e inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos.
En diferentes oportunidades el Ministerio Público ha intentado notificar al mandatario departamental sobre la sanción, sin embargo ha sido imposible debido a que no se ha podido ubicar.
Según fuentes de la Procuraduría, los delegados también han buscado a su abogado, pero ha sido imposible contactarlo.
De acuerdo con los términos de ley en este tipo de casos, la Procuraduría tiene un término de ocho días para notificar después de tomada la decisión, en este caso esos días se vencen el próximo 25 de enero.
Si no se logra informar al mandatario departamental, él será notificado por edicto.
Esta decisión se fijará por diferentes medios entre el 26 y el 30 de enero.
Besaile fue sancionado por las irregularidades en el manejo de los dineros y los contratos para terapias a niños en condición de discapacidad.
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En la misma decisión, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por el mismo periodo de tiempo al exgobernador del departamento Alejandro Lyons, quien ya fue notificado.
El Ministerio Público confirmó que los exmandatarios no vigilaron los actos de sus secretarios de Salud, permitiendo que se ordenara el pago de terapias de rehabilitación a menores de edad sin un contrato entre la Gobernación y la Ips Funtierra Rehabilitación.
La Procuraduría estableció que esos pagos ascendieron a más de $4.988 millones, y confirmó las irregularidades y los malos manejos de los recursos destinados.
También se confirmó la destitución e inhabilidad por 11 años de los exsecretarios de Salud, Edwin Preciado Lourdy y José Jaime Pareja Alemán.
