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La multinacional Drummond se defendió ante las acusaciones hechas por la Fiscalía General de la Nación contra altos directivos de esa empresa, por la presunta financiación de grupos al margen de la ley en la década de los 90.
La compañía dedicada a la explotación de carbón afirmó que ninguno de sus ejecutivos han tenido o tienen algún vínculo con organizaciones al margen de la ley, independientemente de su origen.
Frente a las acusaciones contra la empresa y algunos de sus ejecutivos sobre presuntas violaciones de Derechos Humanos, indicaron que ninguno de los vinculados han tenido que ver con dichas imputaciones y que la organización siempre ha colaborado con las autoridades colombianas en sus investigaciones.
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La multinacional señaló, además, que ha ganado cada uno de los casos presentados en su contra y que en anteriores ocasiones se ha establecido que los testigos que declararon contra la compañía, recibieron compensaciones económicas por sus declaraciones.
“Esto llevó a un juez federal en Estados Unidos a encontrar una causa probable de que Terry Collingsworth, el abogado que presentó las demandas contra Drummond, participó en el soborno y perjurio de los testigos”, señala uno de los apartes del comunicado oficial emitido por la multinacional.
La compañía agregó que esas pruebas “confirman la inexistencia de responsabilidad de los vinculados, por cuanto los testigos de cargo faltaron a la verdad en sus testimonios, a cambio de una remuneración económica”.
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Finalmente, la empresa reiteró que desde el inicio de sus operaciones en Colombia a finales de la década de los 80, se ha ceñido a las leyes que rigen el país y ha adoptado los principios voluntarios en seguridad y Derechos Humanos, así como los principios rectores de las Naciones Unidas (ONU) en Derechos Humanos y empresas.
