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Ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes fue interpuesta una denuncia penal en contra de seis magistrados de la Corte Constitucional, por una sentencia que fue emitida en el 2018 sobre el aborto en Colombia.
En la decisión judicial, la Corte le pide al Ministerio de Salud expedir una reglamentación sobre la materia, para regular esta práctica en los tres casos en los que actualmente está despenalizada.
A criterio del denunciante Javier Suárez, presidente de la fundación Marido y Mujer, los altos funcionarios habrían incurrido presuntamente en los delitos de fraude procesal, fraude a resolución judicial y prevaricato por acción, toda vez que es sabido que el Gobierno no puede, vía decreto o resolución, reglamentar una decisión de carácter constitucional.
Según Suárez, el Congreso de la República es el único que está facultado para emitir una reglamentación sobre una sentencia relacionada con el aborto en el país.
“He denunciado a seis magistrados de la Corte Constitucional porque ellos, al aprobar la sentencia SU-096 del año 2018 en la que le ordenan al ministro de Salud y al presidente de la República expedir una regulación sobre la práctica del aborto en Colombia, cometieron tres delitos en concreto, fraude procesal, fraude a resolución judicial y prevaricato por acción”, indicó.
El denunciante explicó que el Consejo de Estado ya había determinado que las sentencias de la Corte Constitucional no pueden ser objeto de reglamentación por parte del Ejecutivo.
“La Corte se está excediendo en sus competencias desacatando una orden que le dio un juez de la República que se llama Consejo de Estado, al decir que no se pueden reglamentar sentencias de ese tribunal por parte del presidente de la República y de los ministros de Estado y como quiera que la Corte ordena, a través de seis magistrados, que se reglamente la práctica del aborto en Colombia, ha cometido los delitos de prevaricato por acción, fraude en resolución judicial y fraude procesal”, dijo.
Los magistrados denunciados ante la Comisión de Acusación son Alberto Rojas Ríos, José Fernando Reyes, Gloria Stella Ortiz, Antonio José Lizarazo, Diana Fajardo y Alejandro Linares, quienes fueron los que le dieron vía libre a la sentencia antes mencionada.
Suárez explicó que dichos funcionarios cometieron un error grave al no ordenarle al Congreso emitir una legislación sobre el tema y sí pedírselo al Gobierno Nacional.
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