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El Consejo de Estado recibió una demanda contra un decreto emitido por el Ministerio de Ambiente, que otorga competencias ambientales a las autoridades indígenas.
La demanda fue presentada por el exministro de Justicia Wilson Ruiz, quien argumentó que el presidente Gustavo Petro excedió sus competencias al expedir esta normativa, ignorando el papel del Congreso de la República.
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"Revísese que la disposición del articulo señalado se remonta a la posibilidad que ostenta la Presidencia de la República para reglamentar materias en asuntos FISCALES, FUNCIONAMIENTO Y COORDINACIÓN, hasta tanto se tramite la ley orgánica", señala uno de los apartes del documento.
El decreto firmado el 15 de octubre por el Ministerio de Ambiente, regula el funcionamiento de los territorios indígenas en materia ambiental y establece directrices sobre la coordinación entre las autoridades indígenas y otras entidades en la gestión de recursos naturales.
Ruiz señaló que la decisión de otorgar facultades a los pueblos indígenas podría generar tensiones con las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), responsables de la protección de áreas naturales y del manejo del presupuesto ambiental.
"La disposición rompe con el equilibrio normativo institucional al invadir las facultades ambientales de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, advirtiéndose conflictos permanentes en los territorios de las 115 comunidades indígenas donde ejercen competencias alguna de las 33 corporaciones autónomas regionales", agrega la demanda.
Cabe mencionar que durante la firma del decreto, el presidente Petro anticipó que la medida desencadenaría una "batalla jurídica" y aseguró que, en caso de que el decreto fuera anulado, su gobierno lo volvería a presentar.
Petro también criticó a las CAR, argumentando que muchas de ellas no han demostrado ser efectivas en el cuidado del medio ambiente y, en cambio, se han dejado influenciar por intereses económicos.
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La demanda de nulidad presentada por Ruiz será estudiada por el Consejo de Estado, para tomar una decisión con respecto a las medidas cautelares solicitadas por el accionante.
