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Tras la solicitud del presidente de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez de pedir pruebas del caso de corrupción dentro de la UNGRD, para la definición de la reforma pensional, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado envió una carta de 4 páginas al magistrado advirtiendo que la Corte Constitucional no puede pedir pruebas.
Las mismas que hasta este miércoles 14 de mayo tendría de plazo para que la Corte Suprema y la Fiscalía hicieran dichas entregas.
En el concreto, esta respuesta de la Agencia Jurídica dada Enrique Ibáñez pidió se dio en el marco de su solicitud ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y al Juzgado Décimo Penal que le hicieran llegar ante este Tribunal copia de todas las pruebas recaudadas dentro de los procesos adelantados por actos de corrupción al interior de la UNGRD.
Entre las pruebas solicitadas estaban, copia de las declaraciones e interrogatorios a Olmedo López y Esneyder Pinilla, copia de la medida de aseguramiento impuesta a Sandra Ortiz, copia de las declaraciones de los congresistas y miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público: Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz.
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Asimismo, copia de las declaraciones de María Alejandra Benavidez y Andrea Carolina Ramírez Olivera, copia de las declaraciones rendidas por Jaime Ramírez Cobo, Luis Fernando Velasco, Carlos Ramón González; así como la declaración del exsenador Pedro José Castro Espinosa.
Por otro lado, está la copia de la condena impuesta a Sneyder Pinilla y copia de la decisión mediante la cual se resolvió la situación jurídica de los congresistas Iván Name y Andrés Calle.
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En el documento, la Agencia Jurídica señaló: "en consecuencia, contrario a lo afirmado por el magistrado sustanciador en el Auto del 8 de mayo de 2025, los elementos probatorios que se ordenaron recaudar en dicha providencia carecen de toda pertinencia para el debate y la decisión que debe adoptar la Sala Plena de la Corte Constitucional en el proceso de la referencia".
Finalmente, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez también estudia una demanda que pide tumbar la reforma pensional y también advirtió que "toda esta información contaría con la debida reserva con la información veraz y fidedigna conocida hasta ahora por las autoridades".
