Decisión de la JEP sobre caso Santrich amenaza el orden constitucional: fiscal

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, le solicitó al procurador general, Fernando Carrillo, pedir formalmente a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que revoque la decisión de suspender la extradición del exlíder de la Farc, Seuxis Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, al considerar que pone en riesgo la institucionalidad y el orden constitucional de Colombia.

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“Tengo la certeza de que su despacho obrará con prontitud y determinación en la defensa del orden constitucional de la República en esta hora en que ha quedado amenazada la institucionalidad democrática, las competencias del Congreso, la integridad de la jurisdicción ordinaria y la cooperación judicial internacional en la lucha contra el delito”, dijo el fiscal Martínez

El fiscal expresó su preocupación por las acciones de la JEP, con las que decide dictar sus propias normas, ignorando la existencia incluso del Congreso de la República.

“No es admisible que un juez dicte su propia ley, pues ello significa claramente antagonizar al principio democrático de la división de poderes, existente desde Montesquieu”, añadió.

Asimismo señaló que “la JEP no puede dictarse sus propias reglas de procedimiento. La expedición de los procedimientos legales ante esa Jurisdicción Especial compete únicamente al legislador”.

Aclaró que la Constitución permitió que la JEP regulara su orden interno, pero sin asumir la competencia de dictar reglas procesales.

“Constituye un desafío al orden constitucional de la República que el propio juez pretenda gobernar el trámite de la extradición y, mucho más, si lo que procura es avasallar las competencias de otras jurisdicciones. Como ha quedado dicho, de esta forma la Sección de Revisión se arroga en inédita actitud la potestad de dictar leyes de procedimiento, usurpando competencias que en un estado democrático y de derecho solamente competen al Congreso de la República”, señaló.

De igual forma dijo que la determinación de la JEP viola los propios acuerdos pactados entre el Gobierno nacional y las Farc en La Habana, Cuba.

“La suspensión del trámite de extradición no está prevista en las normas hasta ahora expedidas para implementar el Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Gobierno nacional y las Farc para la terminación del conflicto armado”.

Igualmente sostuvo que la JEP tampoco puede pretender pronunciarse sobre la legalidad de la orden de captura con fines de extradición que impartió como fiscal general de la Nación.

“En consecuencia, que la Sección de Revisión estudie la posibilidad de revisar las órdenes de captura impuestas por la jurisdicción ordinaria no solo constituye una afrenta a las competencias constitucionales al interior de nuestro Estado, sino un paso deliberado para comprometer las reglas que eficazmente han contribuido a luchar contra el crimen organizado, mediante el instrumento de cooperación internacional”, enfatizó.

Esta es la carta enviada por el fiscal a la Procuraduría General de la Nación: