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Dentro de la sentencia 792 de 2014 sobre el Código Penal, la Corte Constitucional exhortó al Congreso de la República para que en un año regule integralmente el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias. "De no hacerlo, a partir del vencimiento de este término, se entenderá que procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena".
Esta situación generó mucha molestia en la Corte Suprema pero también preocupación para cumplir con lo requerido por la Corte Constitucional y así no incurrir en alguna falta contra el derecho que tienen los colombianos.
"La Corte esta interesada en que se le de cumplimiento a los fallos de la Corte Constitucional que impusieron en Colombia la doble instancia para la investigación y juzgamiento de los aforados constitucionales (...) en esta ocasión la Sala de Casación Penal se va a comprometer a contribuir con un estudio y un proyecto para que el Congreso de la República en esta oportunidad tome la decisión de darse la garantía a la que tiene derecho", señaló el presidente de la Sala Penal, Eugenio Fernández Carlier.
Para el rector de la Universidad del Sinú y expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, las sentencias del alto tribunal, como última instancia para proteger los derechos fundamentales de los colombianos, deben cumplirse sin importar el cargo que ostente.
“Yo creo que deben cumplirse las decisiones de la Corte Constitucional para todos los ciudadanos y todas las autoridades, incluida la Corte Suprema de Justicia en los distintivos procesos penales, inclusive en los cuales haya sentencia condenatoria, debería dar lugar a que la persona afectada pudiera tener derecho a que tenga una revisión, inclusive al interior de la Corte Suprema de Justicia".
No obstante, la doble instancia no se ha dado para los aforados constitucionales, como exministros, congresistas, gobernadores y militares, a quienes la Corte Suprema de Justicia ha llevado en muchas ocasiones su juzgamiento y posterior condena, escenario que los ha puesto en el limbo porque no tienen derecho a 'impugnar' dicha decisión ante algún otro tribunal.
Para algunos juristas, como William Rodríguez, quien en su defensa ante la Corte Suprema por el caso de la exsenadora Piedad Zuccardi, solicitó a ese tribunal que suspendiera el proceso hasta tanto no cumpliera con lo ordenado por la sentencia de la Corte Constitucional y conociera el superior jerárquico que la podría juzgar eventualmente.
El abogado Iván Cancino, especialista en derecho Penal, manifestó que para la Corte Suprema, la viabilidad de suspender los procesos hasta que el Congreso no legisle: "sería siempre y cuando también sean suspendidos los términos de prescripción de la acción penal para que se evite termine por el paso del tiempo y no se llegue a la verdad real en el proceso".
Aunque especialistas opinan que estas presuntas omisiones para garantizar se debe a un tema de 'egos', lo cierto es que este año el Congreso de la República intentaría y la Corte Suprema desarrollen un proyecto de ley que modificaría la forma de juzgar a los aforados y así dar cumplimiento a la doble instancia que impone la Corte Constitucional como protección de los derechos fundamentales.
