Corte pidió declaraciones de ocho oficiales del Ejército por chuzadas

El allanamiento realizado el pasado 18 de diciembre, ordenado por el despacho de la magistrada Cristina Lombana a las instalaciones del Batallón de Ciberinteligencia del Ejercito, ubicado en Facatativá, Cundinamarca, se dio en medio de la investigación que adelanta por las interceptaciones ilegales que realizó Andrés Fernando Sepúlveda conocido como el 'hacker Sepúlveda', según dijo el abogado Jaime Granados fuera de micrófonos.

La investigación es contra el expresidente y senador de la República, Álvaro Uribe, y tiene como fin esclarecer si hubo alguna relación con las actividades ilegales del hacker, que fueron encaminadas a entorpecer el proceso de paz y por interceptar ilegalmente las conversaciones de los negociadores de La Habana que se habrían cumplido desde la Sala Andromeda.

En medio de la investigación, según dijo el abogado, se ordenó la declaración de ocho oficiales, la mayoría encargados de labores de inteligencia, de las cuales se practicaron cuatro el día del allanamiento. Esa prueba la recibió personalmente la magistrada quien asistió a la diligencia.

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Uno de los objetivos de la toma de testimonios sería, al parecer, esclarecer las labores de inteligencia y seguimientos que realizan los uniformados en esa unidad de comunicaciones y si sus labores también están encaminadas a personajes de la vida pública.

Esa investigación fue reactivada por la sala de instrucción de primera instancia de la Corte, pero el caso llegó en el 2015 al despacho del entonces magistrado José Luis Barceló, quien en su momento escuchó en versión libre al expresidente Uribe.

Sepúlveda fue condenado a diez años de prisión tras firmar un preacuerdo con la Fiscalía por los delitos acceso abusivo a un sistema informático, uso de software malicioso agravado, concierto para delinquir agravado y violación de datos personales agravado.

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En dicho preacuerdo, el hacker se comprometió a contar la verdad sobre esas chuzadas. En sus declaraciones, Sepúlveda salpicó al expresidente, de quien dijo que supuestamente conocía el funcionamiento de la sala Andrómeda y que su trabajo también consistió en desprestigiar el gobierno de Juan Manuel Santos y el proceso de paz con las Farc.

Altas fuentes de la Corte Suprema confirmaron que esa investigación no tiene relación con lo revelado por la revista Semana que aseguró que existe un nuevo capítulo de chuzadas a magistrados, periodistas y políticos en donde la magistrada Lombana era víctima, un hecho que habría llevado a la salida del general Nicacio Martínez, aunque el Gobierno asegura que fue por razones personales.