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La Corte Suprema de Justicia le ordenó al Gobierno implementar medidas drásticas y urgentes para garantizar la protesta pacifica en el país. Igualmente le pide la suspensión inmediata de las escopetas calibre 12 usadas por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (Esmad) en medio de estas manifestaciones.
La Sala Civil comprobó que se está presentando una intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la Fuerza Pública en las manifestaciones ciudadanas.
En el fallo, la Sala de Casación Civil le ordenó al Ministro de Defensa presentar disculpas por los excesos registrados desde la movilización del 21 de noviembre de 2019, época en la que falleció el joven Dilan Cruz tras recibir un disparo de un agente del Esmad. Estas excusas deberán trasnmitirse por radio, televisión y redes sociales.
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Para la Corte, las protestas se salieron de las manos del Gobierno al no aplicar caminos de dialogo con los manifestantes. Además reseña que el Gobierno no tiene la capacidad para mantener una postura neutral frente a las manifestaciones.
“La protesta intolerante y violenta, no pacífica, que aboga por el discurso y la apología al odio, a la hostilidad, que patrocina la propaganda a favor de la guerra, que propende por el odio nacional, (…) no están protegidas por la Constitución Nacional”, precisa uno de los apartes del fallo.
Así mismo, señala la Corte que se han comprobado las “lesiones físicas a manifestantes y por la conducta de algunos agentes de la policía y en el Esmad que hay falencias e incapacidad en las instituciones encargadas de mantener el orden público interno”.
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Y dice que existe un vacío en el Esmad para garantizar el orden publico sin violar los derechos humanos.
También advierte que hay falencias “para usar, de forma racional y moderada, las armas de la República, al punto que generan un temor fundado para quienes desean manifestarse pacíficamente”.
La Corte hizo un llamado urgente al Congreso para regular la protesta social mediante una ley estatutaria con el fin de determinar las limitaciones de la Fuerza Publica en las protestas.
Esa ley serviría también para regular los allanamientos indiscriminados que realiza la Fiscalía General de la Nación a las viviendas de las personas que desean salir a marchar.
“Una Nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo–enemigo; izquierda y derecha, buenos y malos, amigos de la paz y enemigos de la paz, sino como la expresión política que procura abrir espacio para el diálogo”, concluye la Corte.
Esos pronunciamientos se dieron al revisar una tutela interpuesta por un grupo de ciudadanos contra la Presidencia de la República, los ministros de Defensa e Interior, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Director General de la Policía, el Comandante General de la Policía Metropolitana de esta ciudad, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.
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