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El alto tribunal conoció la situación que están viviendo muchas mujeres del vecino país que llegan a la zona fronteriza en Norte de Santander y que para subsistir están desarrollando trabajos sexuales.
No obstante, por cuenta de una tutela interpuesta por la dueña del establecimiento comercial que le fue cerrado por parte de las autoridades locales, se advirtió que dicho sitio tenía mujeres extranjeras sin la documentación requerida pero además porque no reunía las condiciones para desarrollar este tipo de actividades.
En su acción de tutela se advirtió una vulneración al debido proceso y al trabajo de quienes subsisten de estas actividades tras la situación económica que viven en el vecino país.
“En caso de encontrar extranjeros realizando estos trabajos, sin la debida documentación, deberán iniciar y acompañar los trámites para expedir los respectivos permisos que les permitan continuar laborando dignamente, siempre y cuando estén de acuerdo y consientan en continuar realizando esta actividad, de acuerdo con las consideraciones de esta sentencia”, señala la Corte Constitucional.
De igual forma en el caso analizado por el alto tribunal también hizo un llamado a las autoridades migratorias de que no adopten acciones de solo realizar deportaciones porque “no es permisible, ni aceptable, bajo los parámetros del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que se hagan deportaciones masivas, sin analizar la situación particular de cada persona”.
Para la Corte Constitucional los migrantes que sean encontrados, deben ser protegidos de forma plena, garantizándoles el ejercicio de sus derechos, la obtención de la documentación necesaria para permanecer en el territorio colombiano y, de ser el caso, la calificación de refugiados.
