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Una fiscal delegada ante Tribunal Superior de Bogotá confirmó el llamado a juicio y la medida de aseguramiento impuesta a 14 exmiembros de la Policía Nacional por estar presuntamente implicados en la desaparición de 14 personas en hechos ocurridos entre marzo y septiembre de 1982, en Bogotá y Gachalá, Cundinamarca.
En esta decisión de segunda instancia, la fiscalía delegada rechazó las solicitudes de nulidad y las apelaciones presentadas por los defensores de este grupo de uniformados.
Quedó en firme la determinación de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos que llamó a juicio a los ex integrantes de la Policía por el delito de desaparición forzada agravada.
Esta investigación se reactivó como consecuencia de una acción de revisión ordenada por la Corte Suprema de Justicia el 22 de junio de 2011.
La Fiscalía estableció que los servidores de la entonces División de Investigación, Policía Judicial y Estadística Criminal (Dipec) presuntamente se concertaron con el autodenominado grupo ‘Muerte a Secuestradores’ (MAS) para lograr el rescate de tres menores de edad secuestrados.
Según los investigadores con esa intención los expolicías al parecer secuestraron a 14 personas, entre ellas siete universitarios, cuatro ciudadanos y un niño que permaneció cinco días en una estación de policía.
“Teniendo en cuenta que se trata de un delito de ejecución permanente, puesto que 42 años después de los hechos se desconoce el paradero de la mayoría de las víctimas, adicional a la acusación, en su momento se dispuso la detención preventiva de los presuntos implicados”, señaló la Fiscalía.
Los acusados en el marco de este proceso son: brigadier general en retiro Nacin Yanine Díaz, los oficiales (r) Jorge Alipio Vanegas Torres, Ernesto Condia Garzón, Miguel Rodrigo Torrado Badillo, Jairo Otálora Durán y Luis Ángel Perdomo Perdomo.
También fueron llamados a juicio los suboficiales (r) José Alirio Velásquez Garzón, Jaime Helí Colmenares Botero y Josué Rafael Cobos Silva; y los agentes (r) Henry Espitia Díaz, Benedicto Lara, Adrián Villamizar Jaimes, José David Quesada y Jorge Eliécer Barbosa Sánchez.
Debido a la fecha de los hechos este caso se sigue adelanta bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000.
