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El Consejo de Estado tomará en los próximos días una decisión de fondo frente a la demanda de repetición presentada por el Ministerio de Justicia y del Derecho en contra del exjefe de esa cartera, Fernando Londoño Hoyos.
RCN Radio pudo establecer que el pasado 7 de marzo se presentó un cambio de ponente en el estudio de este caso, en el cual ya se fijó como medida cautelar el embargo de los bienes de propiedad del exministro del Interior y de Justicia.
En la acción judicial, el Ministerio pide que Londoño pague la multa de 209 salarios mínimos legales vigentes impuesta en 2015 por el Tribunal Administrativo de Boyacá en el proceso de reparación directa promovido por el exjuez Pedro Suárez Vacca.
El Tribunal determinó en esa oportunidad que el Ministerio debía indemnizar al funcionario judicial, quien fue señalado públicamente por el entonces ministro del Interior y de Justicia de ser un “miembro” del “bufete de abogados al servicio del cartel de Cali”.
Esta afirmación fue hecha en noviembre de 2002 después que el juez de ejecución de penas ordenara la libertad condicional de los exjefes del Cartel de Cali, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela por el cumplimiento de las tres quintas partes de su pena por delitos relacionados con el narcotráfico.
En este sentido se manifestó que las acusaciones hechas por Londoño no tenían ningún tipo de fundamento o base probatoria, puesto que nunca pudo comprobar que en efecto el juez estuviera vinculado o tuviera nexos con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
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Igualmente se señaló que el Ministro había afectado el buen nombre y la honra del funcionario judicial. Debido a esto ordenó el pago de 186 millones de pesos como indemnización. Para el Ministerio de Justicia este dinero debe ser pagado por Londoño puesto que existe una responsabilidad directa.
Por estos mismos hechos, en septiembre de 2004, la Procuraduría General destituyó e inhabilitó a Londoño Hoyos por 12 años para ejercer cargos públicos al considerar que había incurrido en una falta gravísima a título de dolo al hacer acusaciones erróneas contra el juez.
Para el órgano de control disciplinario, Londoño Hoyos irrespetó las decisiones judiciales, abusando de su cargo mediante actos de injuria y calumnia contra el funcionario público lo que representa una vulneración de la Constitución Política, la ley, los pactos y convenciones que hacen parte del derecho público internacional.
En el fallo emitido por el entonces procurador, Edgardo Maya Villazón se manifestó que el Ministro no solamente había agredido directamente al juez sino a toda “la autoridad legítima establecida en el orden superior”.
Pese a las retractaciones públicas de Londoño, la Procuraduría General consideró que esto no era suficiente puesto que no desaparece la falta cometida por un alto funcionario quien “abusó del cargo que ostentaba”.
