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A través de la cuenta oficial de twitter de la Organización de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, se dio a conocer el oficio de la visita que sostuvo el delegado de la organización en el país, Alberto Brunori con el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias.
“Alberto Brunori, representante de la Alta Comisionada de la ONU para los DD. HH., se reunió con Andrés Felipe Arias a solicitud de su abogado y en seguimiento a la Resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, relacionada con el debido proceso”, dice el trino.
RCN Radio logró obtener detalles de ese encuentro, que duró cerca de una hora, en la Escuela de Caballería, donde se encuentra recluido el exministro.
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Se trató de una visita oficial en la cual asistieron tres funcionarios de Naciones Unidas, entre ellas el Alto Comisionado y una mujer especialista en temas de justicia.
Los delegados de la ONU escucharon las preocupaciones del exministro sobre la no implementación de la segunda instancia para su caso y la posible violación de sus derechos al acceso a la justicia y debido proceso.
En el encuentro también se debatió la posición de los veedores que solicitaron información a la Corte Suprema de Justicia sobre el lugar de reclusión del exministro y la polémica que se desató a raíz de ello.
La visita hace parte del seguimiento que adelanta la ONU a la implementación de la doble instancia.
A través de una petición a la Cancillería, el relator ya había pedido información y explicaciones sobre cómo se está cumpliendo la recomendación del Comité de Derechos Humanos del organismo internacional.
En una primera respuesta a la ONU, la Corte Suprema de Justicia señaló que, aunque tenía disposición sobre aplicar la doble instancia al caso del exministro, no podía hacerlo debido a que la legislación del país no lo permitía.
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Bajo esa premisa, la Corte respondió que no era viable revisar, en segunda instancia, la condena de 17 años que se le impuso al exministro por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (Ais).
El expresidente Álvaro Uribe propuso una ley con el fin de ampliar la posibilidad de que los aforados constitucionales, ya condenados, puedan acceder a la doble instancia en sus procesos penales ante la Corte.
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