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Un informe sobre supuestas ejecuciones extrajudiciales, presuntamente realizadas por el Ejército en el Caribe colombiano, entre 2003 y 2008, fue entregado a la Justicia Especial para la Paz (JEP), por parte de dos colectivos.
El documento entregado a la JEP por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y el colectivo de abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR) presenta 164 casos con cerca de 300 víctimas de las supuestas ejecuciones extrajudiciales.
Las víctimas de los casos que fueron documentados hacían parte de pueblos indígenas, grupos de campesinos o eran pobladores de cascos urbanos con alta vulnerabilidad. Adicionalmente, también habrían sido ejecutadas personas recicladoras o con algún tipo de adicción, según el informe.
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El informe llamado “Y volveremos a cantar, con los aires de la paz y el anhelo de justicia” busca que se reconozcan esas muertes como ilegítimas y se establezca quiénes fueron los responsables. "Debido a la masividad de hechos, han sido divididos en periodos de correspondientes a las comandancias de la Décima Brigada Blindada, a saber", mencionaron ambos colectivos mediante un comunicado.
En total son seis los periodos en los que se dividió el informe, en los cuales se detallan actuaciones de las Fuerzas Armadas que buscan que sean investigadas por esa jurisdicción.
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El informe "analiza patrones evidenciados frente al perfil de las víctimas, el papel de los reclutadores en las ejecuciones extrajudiciales, la relación entre integrantes de la fuerza pública y grupos paramilitares y los mecanismos de encubrimiento y de impunidad empleados por agentes y entidades del Estado", señala el comunicado.
Finalmente, desde ambos colectivos aseguraron que organizaciones como Human Rights Watch y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional han producido informes previos con serios indicios de lo ocurrido en ese periodo, en esa zona del país. Hasta el momento no se ha conocido pronunciamiento alguno por parte del Ejército Nacional, ni por parte de la Justicia Especial para la Paz tras la entrega del documento.
Sebastián Escobar, integrante del colectivo de abogados “José Alvear Restrepo” entregó en LA FM más detalles
