Canciller Claudia Blum
Colprensa
17 Feb 2021 05:48 PM

Claudia Blum se defiende por supuesto apoyo a la campaña de Duque

La elección de la Canciller fue demandada ante el Consejo de Estado y busca sacarla del cargo.
Johana Rodríguez
Johana
Rodríguez
@joharodri4

Ante el Consejo de Estado, la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, se defendió en el marco de la demanda pide anular su nombramiento por supuesto apoyo económico a la campaña presidencial de Iván Duque.

La demanda cuestiona que Blum haya sido designada como Canculler cuando, al parecer, contribuyó económicamente en la campaña con 240 millones de pesos.

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En su defensa, la Ministra afirmó que no hay pruebas suficientes para demostrar que esos dineros fueron destinados a la campaña de Duque.

Así mismo, advirtió que si hubiera aportado dicho apoyo, ella no estaría inhabilitada para estar en el cargo de Canciller dado a que la ley “estableció un sistema de financiación mixto que permite a los partidos, movimientos y campañas políticas presidenciales, recibir aportes tanto del Estado como de fuentes privadas -exclusivamente personas naturales”.

Por lo cual advirtió que de haber apoyado la campaña presidencial ganadora en las elecciones “no le restringe sus derechos civiles y políticos para ser nombrado servidor público, menos aún si, como en el caso concreto, se trata de un empleo público de libre nombramiento y remoción”.

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La demanda afirma que esos supuestos apoyos económicos podrían configurar una “desviación de poder”  dado a que permitir el nombramiento en un alto cargo del Gobierno de una persona que contribuyó en una campaña presidencial convierte al "cargo público una forma de retribuir el financiamiento económico de las campañas presidenciales”.

“Es una desviación de poder a la hora de nombrar a personas en cargos de libre nombramiento y remoción como es el caso de Claudia Blum cuando ella y su familia fueron aportantes de montos de dinero relevantes para la campaña presidencial”, señalan los demandantes.

La acción judicial también cuestiona el hecho que en este caso no primó la meritocracia o la preparación académica. El caso en el Consejo de Estado quedó en manos del magistrado Luis Alberto Álvarez de la sección quinta.