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Cerrejón pidió la revisión de este proyecto carbonífero por los posibles impactos ambientales y para la salud de los habitantes de esta zona.
Señaló que desde el año 2010, Cerrejón "incluyó dentro del proyecto la ejecución de tres obras en su operación en Puerto Bolívar: el aumento del volumen de dragado del canal navegable, la construcción de un muelle de remolcadores y la ampliación de la capacidad de la planta desalinizadora de agua".
Sostuvo además que en 2012, la minera envió comunicación formal al Ministerio del Interior mediante la cual solicitó certificación de presencia de comunidades étnicas dentro del área de influencia directa del proyecto.
El Ministerio, por su parte, hizo el respectivo estudio del caso y en 2013 certificó la no presencia de comunidades que pudieran verse afectadas por el desarrollo de las obras.
"Copia de dicha certificación se remitió a la ANLA para ser tenida en cuenta dentro del proceso de licenciamiento", indicó.
Por su parte, la comunidad de Media Luna 2 decidió presentar una acción de tutela en la que solicitó que se adelantara la consulta previa, cuya pretensión fue concedida, en primera instancia, por el Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira y posteriormente revocada, en segunda instancia, por el Consejo Superior de la Judicatura.
En fallo de revisión, la Corte Constitucional tomó la decisión de tutelar el derecho a la consulta previa de la comunidad de Media Luna 2 sobre las tres obras en puerto y dejar sin efecto la Resolución de la ANLA por la cual tales obras se autorizaron, hasta tanto se adelante el proceso de consulta.
"Por otro lado, se ordenó a la ANLA la revisión del Plan de Manejo Ambiental de la compañía y a Cerrejón la elaboración de un plan de mitigación", indicó la empresa.
"Aunque la situación actual de mercado, como se lo notificamos a la ANLA en 2015, no nos permite adelantar obras adicionales en Puerto Bolívar, Cerrejón tiene la prioridad de mejorar continuamente su gestión socio-ambiental, por lo cual ha decidido ejecutar una parte de la obra de ampliación de la planta desalinizadora de agua, autorizada por la Resolución 428 de 2014, que le permitirá reforzar los controles de mitigación de impactos ambientales", añadió.
Por último, la compañía sostuvo que se puso "a disposición del Ministerio del Interior para desarrollar el respectivo proceso de consulta previa con la comunidad de Media Luna 2, respecto de esta obra".
