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La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra doce exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), por su presunta responsabilidad en varias irregularidades detectadas en las adiciones otorgadas al proyecto Ruta del Sol IIpara los diseños y obras del tramo vial de Ocaña (Norte de Santander) y Gamarra (Santander).
De acuerdo con los investigadores, los implicados hicieron parte del Comité Asesor de Asuntos Contractuales de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entre el 2012 y el 2015.
Los exfuncionarios de la ANI imputados son Camilo Mendoza Rozo, exvicepresidente de Gestión Contractual y exvicepresidente dePlaneación de Riesgos y Entorno; María Clara Garrido, exvicepresidente Administrativa y Financiera; Beatriz Eugenia Morales Vélez, exvicepresidente de Estructuración; Yasmina del Carmen Corrales, exsupervisora del contrato de concesión; José Andrés Torres Rodríguez, ingeniero del área de Proyectos Carretero; Daniel Francisco Tenjo Suárez, exgerente de Proyectos Carreteros.
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Asimismo, fueron imputados David Leonardo Montaño García, experto GGC2; Alexandra Lozano Vergara, exgerente de Gestión Contractual; Francisco Javier Forero, exasesor financiero; Édgar Chacón Hartman, exgerente Predial VPR Cesar Augusto Peñaloza Pabón, exgerente de proyectos y Miguel Ángel Bettin Jaraba, exinterventor del contrato.
Según las investigaciones, los exfuncionarios participaron en la proyección, trámite, revisión, aprobación y celebración de cuatro otrosí que se le hicieron al contrato N°001 del 14 de enero de 2010, mediante los cuales le permitieron al contratista Ruta del Sol asumir los diseños y obras de un nuevo tramo vial entre Ocaña (Norte de Santander) y Gamarra (Cesar); y fueron modificadas las formas de pago.
En desarrollo de la audiencia, la fiscal delegada aseguró que valiéndose de sus sus cargos y funciones asignadas, los integrantes del Comité Asesor habrían vulnerado las normas y principios de contratación, además de desconocer los requisitos definidos en la licitación pública y lo indicado por el estructurador del proyecto, la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial.
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Con base en las pruebas recolectadas, los fiscales establecieron que en medio de posibles anomalías le fueron reconocidos a la concesionaria más de 7.800 millones de pesos que se sumaron al valor del contrato principal.
