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El congresista del partido Liberal, Mario Castaño, que permanece en la cárcel La Picota por hechos de corrupción se enfrenta a una condena de hasta 15 años de prisión.
Castaño decidió aceptar cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, concusión y estafa agravada y evitar un juicio en su contra ante la Corte Suprema de Justicia.
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Ante el magistrado de la Sala de Instrucción, Misael Fernando Rodríguez, el congresista aceptó los delitos y hacer parte de una red de corrupción que a través de millonarias sumas de dinero compraba contratos y que tiene a 33 alcaldes, exalcaldes y contratistas procesados judicialmente.
Las investigaciones dicen que la organización ilegal exigía el pago de un porcentaje de contratos públicos que se les entregaban a contratistas escogidos a dedo.
Uno de los contratos corruptos que lo salpica tenía el objetivo de construir canchas bajo el lema ‘sacúdete al parque’ en las que supuestamente el congresista recibía alrededor de 100 millones de pesos por cancha construida.
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También se nombran contratos de la producción de licores en el Chocó; la construcción de canchas sintéticas y escenarios deportivos del Ministerio del Deporte; proyectos ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo; y la construcción de vías terciarias y/o placas huellas, con recursos provenientes del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
Según la información que tiene la Corte, Castaño también habría ‘metido la mano’ en la contratación de empleados en el Congreso de la República quienes, a pesar de recibir salario, no realizaron ningún trabajo.
Después de esas pruebas y de que el proceso llegara a la Corte, el alto tribunal tomó la decisión de cobijarlo con una medida de aseguramiento, por considerarlo como un peligro para el proceso, pues se tenía información de que posiblemente, Castaño podría utilizar su poder e influencias para torcer las investigaciones e incluso las declaraciones de testigos en su contra.
“Asegurar la reserva de las pruebas y porque la libertad del sindicado constituye un riesgo para la comunidad y la investigación”, se indica en la decisión de la Corte de enviarlo a la cárcel.
