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El alto tribunal, a través del magistrado Antonio Lizarazo, admitió la demanda y se presta para analizar los argumentos que expuso el Gobierno para quitar las limitantes que fueron expresadas dentro de la sentencia de la Corte Constitucional frente a la participación del Congreso para darle trámites a las leyes vía ‘fast track’.
Lo que trascendió es que el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, tendrá 10 días para que envíe las observaciones que tiene frente a este tema y por lo tanto se desarrolle el trámite con las distintas miradas para tomar una decisión de fondo frente a los recursos de nulidad que fueron presentados.
De igual forma, la Corte Constitucional envió solicitudes a la Presidencia de la República y al Partido Centro Democrático para que hagan llegar los conceptos que tienen frente a la implementación del ‘fast track’ como mecanismo para darle trámite a las leyes relacionadas con los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc.
Lo que pretende la demanda es que se tumbe el reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional frente a este mecanismo sobre el cual señala que la limitación que se establecía para el Congreso no se ajustaba al ordenamiento jurídico y por lo tanto le da vía libre a las modificaciones que consideren los congresistas dentro de los debates correspondientes en el parlamento sin que los mismos estén sujeto a la bendición del Gobierno Nacional.
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