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Tras un análisis realizado por la Auditoría General de la Nación en el último año, la entidad pudo evidenciar que en época de ley de garantías las entidades territoriales incumplen las normas.
En ese sentido la entidad evidenció una excesiva contratación previa a la entrada en aplicación de esta Ley entre el 1° y el 31° de enero de 2018, cuando las entidades territoriales suscribieron un total de 131.531 contratos por valor superior a los $3.8 billones.
Según el análisis, la contratación directa representó el 86% sobre el total de recursos contratados en ese periodo. Dichas cifras fueron superiores a las reportadas en el mismo periodo del año inmediatamente anterior (2017), en el que se realizaron 52.435 contratos directos por $1,6 billones.
La auditoría identificó que 672 contratos suscritos bajo la modalidad de contratación directa por más de 21 mil millones de pesos que presuntamente incumplieron la Ley de Garantías, razón por la cual el Auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, llamó la atención a las contralorías territoriales para que tomen las acciones legales frente a los contratos celebrados por sus sujetos de control que incumplan la normatividad.
Igualmente advirtió que con el actuar de las entidades que incumplieron la Ley, se hace evidente el quebrantamiento del principio de transparencia y de planeación contractual, lo que sitúa en posición de riesgo la gestión pública en desatención a los principios que rigen la función administrativa.
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En ese sentido, el Auditor pidió a las Contralorías Territoriales estar atentas a la restricción que dicha ley establece frente a la suscripción de convenios interadministrativos con miras a las elecciones del próximo 27 de octubre.
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