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El Parlamento Europeo aprobó este martes un paquete de reformas que endurece las políticas de asilo en la Unión Europea, incluyendo la creación de una lista oficial de “países de origen seguros”, dentro de los que está Colombia, y nuevas normas que facilitan la transferencia de solicitantes a terceros países.
Entre los países incluidos en la primera lista oficial de “origen seguro” figuran Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez, además de casi todos los países candidatos a ingresar a la UE, con excepción de Ucrania.
La clasificación implica que las solicitudes de asilo provenientes de estos Estados serán tramitadas mediante procedimientos acelerados, bajo el supuesto de que sus ciudadanos no enfrentan, de forma generalizada, persecución o riesgos graves en sus territorios.
Según la legislación europea, este mecanismo busca reducir los tiempos de evaluación y descongestionar los sistemas nacionales de asilo, aunque críticos advierten que podría afectar el análisis individual de cada caso.
El concepto de “país de origen seguro” es distinto al de “tercer país seguro”, pero ambos forman parte de una estrategia más amplia para contener los flujos migratorios hacia Europa.
Colombia en la lista, pese al conflicto persistente
La inclusión de Colombia ha generado especial atención, en medio de un contexto de violencia que sigue afectando amplias regiones del país. Coincidiendo con la decisión del Parlamento, la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) publicó un informe actualizado sobre la situación colombiana.
El documento señala que entre 2023 y 2025 el país ha vivido un conflicto armado persistente, con la presencia activa del ELN, disidencias de las FARC, las Autodefensas Gaitanistas y otras organizaciones criminales, que han expandido su control territorial.
El informe advierte que la ruptura de varios ceses al fuego y la suspensión de negociaciones de paz en 2024 y 2025 contribuyeron al recrudecimiento de la violencia, especialmente en zonas como Chocó, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y Arauca.
Según la EUAA, estos grupos han intensificado prácticas como la extorsión, el desplazamiento forzado, el confinamiento de comunidades, la intimidación armada y los asesinatos selectivos, afectando directamente a la población civil.
También se documenta el uso creciente de drones, explosivos y mecanismos de control social para disputar territorios ligados a economías ilegales, como el narcotráfico y el tráfico de armas.
Aumento de solicitudes colombianas en Europa
Pese a este contexto, Colombia fue catalogado como país seguro. Entre diciembre de 2022 y octubre de 2025, cerca de 140.000 colombianos solicitaron protección internacional en la UE+, un aumento del 58 % frente al periodo anterior.
España concentró la mayoría de estas solicitudes, con cerca de 109.000 casos, seguida por Alemania e Italia. Sin embargo, la tasa de reconocimiento fue apenas del 5 %, una de las más bajas del bloque.
A finales de octubre de 2025, alrededor de 72.000 solicitudes colombianas seguían pendientes en primera instancia, reflejando la presión sobre los sistemas de asilo europeos.
Transferencias a terceros países sin vínculo previo
En paralelo, el Parlamento Europeo aprobó una reforma clave al Reglamento de Procedimiento de Asilo, que modifica el concepto de “tercer país seguro”.
La nueva norma elimina la exigencia de que exista un vínculo previo entre el solicitante y el país al que será transferido, permitiendo a los Estados enviar migrantes a países donde nunca han estado, siempre que exista un acuerdo bilateral y que el país sea considerado “seguro”.
Esta medida abre la puerta a pactos con gobiernos extranjeros a cambio de apoyo financiero, similares al fallido acuerdo entre el Reino Unido y Ruanda.
Según el reglamento, los países receptores deberán garantizar estándares internacionales, protección contra persecución, respeto al principio de no devolución, acceso al sistema de asilo, educación, trabajo y residencia.
La disposición no se aplicará a menores no acompañados, cuyos casos seguirán siendo evaluados dentro de Europa o en países con los que tengan algún vínculo.
Un Parlamento dividido
La reforma fue aprobada con 396 votos a favor, 226 en contra y 30 abstenciones, evidenciando una profunda división política.
El Partido Popular Europeo se alió con sectores conservadores y de extrema derecha para sacar adelante el proyecto, mientras que socialdemócratas y liberales votaron mayoritariamente en contra.
Esta fractura también afectó a la coalición que respalda a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y refleja las tensiones internas en torno a la política migratoria.
La eurodiputada alemana Lena Düpont, ponente del proyecto, defendió la iniciativa asegurando que está alineada con el derecho internacional y permitirá agilizar los procesos.
Por el contrario, la eurodiputada Cecilia Strada, del grupo Socialistas y Demócratas, advirtió sobre el riesgo de “chantaje” por parte de terceros países. “Cualquier país dispuesto a recibir dinero aceptará estos acuerdos, y luego exigirá más”, afirmó.
Preocupación de organizaciones humanitarias
Diversas organizaciones de la sociedad civil han expresado su inquietud por las reformas. El Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE) cuestionó la capacidad real de los terceros países para garantizar protección efectiva.
La entidad alertó que la nueva normativa aumenta los riesgos para poblaciones vulnerables, como sobrevivientes de violencia, personas LGBTQ+ y víctimas de trata.
Además, criticó la eliminación del efecto suspensivo automático en las apelaciones, lo que podría permitir deportaciones antes de que los tribunales revisen los casos.
