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El Parlamento Europeo aprobó este miércoles la inclusión de Venezuela en la lista de países y territorios considerados de “alto riesgo para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”, decisión que había sido adoptada previamente por la Comisión Europea en junio. Con esta votación, el Parlamento decidió no objetar la medida, lo que ratifica su entrada en vigor dentro del marco normativo de la Unión Europea (UE).
Según explicó la Comisión en su momento, las entidades financieras y comerciales europeas estarán ahora obligadas a aplicar controles más estrictos en todas las transacciones que involucren a países clasificados como riesgosos, con el objetivo de reforzar los mecanismos contra el lavado de activos y la financiación ilícita.
Además de Venezuela, la lista también incluye a Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal, mientras que fueron eliminados del listado países como Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panamá, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos.
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La decisión ha generado un nuevo cruce entre Bruselas y Caracas. La Cancillería venezolana rechazó la medida con dureza, calificándola de “ridícula” tras su anuncio inicial en junio. “Hemos enfrentado bloqueos, sanciones, intentos de aislamiento, y aquí estamos: más sólidos, más firmes, y sin doble moral”, declaró entonces la institución en un comunicado oficial. Hasta el momento, el gobierno de Nicolás Maduro no ha reaccionado formalmente a la ratificación parlamentaria, mientras que medios internacionales como CNN han indicado que están a la espera de comentarios oficiales.
Por su parte, la comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, defendió la decisión asegurando que identificar jurisdicciones de alto riesgo es una herramienta clave para proteger la integridad del sistema financiero europeo. Según explicó, la evaluación que dio lugar a esta actualización del listado se basó en una “revisión técnica exhaustiva”, en coordinación con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organización intergubernamental responsable de definir estándares globales contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La inclusión de Venezuela en esta lista incrementa las dificultades que enfrenta el país para operar dentro del sistema financiero internacional y profundiza su ya complejo aislamiento económico, en un contexto de sanciones multilaterales y creciente desconfianza institucional.
La medida también supone una advertencia para empresas y bancos europeos que mantengan vínculos con Caracas, pues estarán obligados a aplicar debida diligencia reforzada en sus relaciones financieras con actores venezolanos, lo que puede traducirse en mayores costos y restricciones operativas.
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