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El encargado de la política fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan, conocido como el "zar de la frontera", pidió este sábado a los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos que "se vayan a casa".
"Salga del país por su cuenta e intente regresar a través de un programa legal, porque de lo contrario tendremos que buscarlo, encontrarlo y deportarlo. Existen impedimentos legales que le impedirán regresar a este país. Así que haga lo correcto y váyase a casa. Es lo más humano que puede hacer", dijo Homan desde San Diego, cerca de la frontera con México.
En una rueda de prensa celebrada frente al muro fronterizo junto al comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney S. Scott, Homan defendió los resultados de la administración Trump al cierre de 2025, calificando la situación actual como "la frontera más segura de la historia de esta nación
".
Según el encargado de la frontera, EE.UU. ha superado las 600.000 deportaciones este año.
Homan criticó con dureza a las jurisdicciones con políticas diseñadas para proteger a las comunidades inmigrantes -conocidas
como leyes santuario- que se niegan a cooperar con las autoridades federales de inmigración.
"Las ciudades santuario nos ralentizan
... son menos eficientes y son peligrosas", afirmó.
Por su lado, El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, manifestó profunda inquietud por las recientes deportaciones masivas efectuadas por Estados Unidos
, subrayando que el traslado de un gran número de personas, especialmente hacia países distintos de su lugar de origen, genera serias preocupaciones en materia de derechos humanos.
Según datos oficiales, entre el 20 de enero y el 29 de abril de 2025 alrededor de 142 000 personas fueron expulsadas desde territorio estadounidense, incluidos al menos 245 venezolanos y salvadoreños enviados a El Salvador, cuya situación legal y paradero aún no están claros.
Türk advirtióque muchos de estos migrantes fueron deportados sin acceso a un debido proceso, representación legal o la posibilidad de impugnar su expulsión, lo que podría vulnerar derechos fundamentales como la protección contra detenciones arbitrarias y la prohibición de reenvío a lugares donde corran riesgo de sufrir tortura u otros daños irreparables.
Frente a esta situación, instó al Gobierno de Estados Unidos a garantizar el respeto al debido proceso, cumplir las decisiones judiciales, proteger los derechos de los niños y poner fin a las deportaciones hacia países donde existan riesgos graves para los deportados.
