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El Gobierno del presidente Donald Trump y el estado de California, dominado por los demócratas, se enfrentaron en el Tribunal Supremo en un caso sobre aborto que podría redefinir la capacidad de los estados para legislar sobre ese derecho, reconocido en EE.UU. desde 1973.
Los jueces se mostraron divididos sobre cómo resolver la batalla que enfrenta al estado de California, bastión de políticas progresistas, y el Gobierno de Trump, que se ha pronunciado en contra del derecho al aborto y cuenta con el respaldo unánime del movimiento antiabortista.
Tanto los jueces progresistas como los conservadores expresaron dudas sobre la constitucionalidad de una ley que aprobó California en 2015 y que afecta a los llamados centros de "atención y crisis", unas instalaciones regentadas en su mayoría por grupos religiosos y que buscan reducir el número de abortos.
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Lo que más puede dañar a California es, precisamente, el escepticismo que expresaron los magistrados progresistas, que suelen respaldar el derecho al aborto y sirven de contrapeso a los conservadores, quienes tienen la mayoría con cinco de los nueve asientos del Tribunal Supremo.
En contra de la ley de California también se expresó el juez Anthony Kennedy, que se alinea con los conservadores, pero suele emitir el voto decisivo en casos más reñidos.
La ley de California, similar a otras de Illinois y Hawái, fue aprobada para combatir la información "engañosa" que ofrecen algunos de los centros antiabortistas y para facilitar a las mujeres con menos recursos información sobre los servicios de natalidad del estado.
En concreto, la ley obliga a los centros antiabortistas a colgar dos letreros: uno para informar a las mujeres sobre los servicios gratuitos o de bajo coste que ofrece California y otro para indicar si tienen una licencia médica o no.
En la audiencia, el abogado del Gobierno, Joshua Klein, se opuso a la ley de California al considerar que vulnera la libertad de expresión de las clínicas antiabortistas al obligarlas a mostrar un letrero en varios idiomas sobre el acceso al aborto que choca directamente con sus creencias.
No obstante, el Ejecutivo sí respaldó la parte de la ley que obliga a las clínicas a revelar si tienen o no licencia médica, pues en muchas ocasiones es difícil distinguir si esos centros cuentan con especialistas sanitarios porque todo el personal lleva batas blancas.
Frente a ello, el letrado de California, Joshua Klein, aseguró que el objetivo no es ir tras los centros antiabortistas, sino ofrecer información a las mujeres con menos recursos.
La idea, según dijo Klein, es que las mujeres que llegan a uno de los 200 centros antiabortistas de California sepan que "sus condiciones económicas no les impiden acceder a otras alternativas y cuidado médico adicional, incluido un servicio completo de cuidado prenatal y de parto".
En los últimos años, el número de centros de "atención y crisis" se ha disparado y ha llegado a 2.700 en todo EE.UU., tres veces más que el número de clínicas que ofrece abortos, según datos del grupo "Paren las mentiras", cuyos miembros se manifestaron hoy a las puertas del Tribunal Supremo.
"Estamos preocupadas por los intentos de estos centros falsos de salud para las mujeres y por sus intentos para vulnerar nuestras protecciones, mintiendo a las mujeres", dijo en un podido instalado fuera del tribunal Maya Rupert, exasesora demócrata y que respalda a California.
El caso ha captado una gran atención por parte de los grupos de la derecha cristiana y también por parte de las organizaciones defensoras del derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo.
En 1973, el Tribunal Supremo abrió las puertas al derecho al aborto, aunque técnicamente no lo legalizó porque se limitó a declarar inconstitucional la interferencia de los estados.
Por eso, la sentencia, que los jueces anunciarán en junio, podría tener consecuencias más allá de la lucha entre Trump y California y dar una mayor discrecionalidad a los estados para decidir sobre las restricciones al aborto, lo que a largo plazo podría limitar ese derecho en Estados Unidos.
Si los jueces fallan a favor de California, entonces se mantendría el "statu quo" y los estados podrían seguir implementando políticas para proteger el aborto.
El enfrentamiento en el Tribunal Supremo se inscribe en los continuos desacuerdos entre Trump y California, estado en el que perdió por más de 4 millones de votos en las elecciones de 2016 y que se ha erigido como uno de los principales contrapesos a sus políticas, especialmente en materia migratoria.
Con información de EFE
