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La administración de Donald Trump está considerando un plan para enviar hasta 10,000 soldados a la frontera entre Estados Unidos y México, con el objetivo de reforzar las operaciones de control fronterizo y acelerar las deportaciones de migrantes, según reportó la cadena estadounidense CBS News.
Este plan se enmarca dentro de la estrategia más amplia del expresidente Trump para intensificar la lucha contra la inmigración ilegal. En una orden ejecutiva firmada al asumir el cargo el lunes, Trump declaró una emergencia nacional en la frontera sur, ordenando al Departamento de Defensa que proporcionara recursos y tropas para "apoyar las actividades del Secretario de Seguridad Nacional en la obtención del control operativo completo" de la frontera. Además, instruyó a los militares a colaborar en la construcción de barreras fronterizas para evitar el cruce de migrantes.
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El miércoles, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, confirmó que Trump había firmado una segunda orden ejecutiva, desplegando 1.500 tropas adicionales en la frontera sur, donde ya se encuentran 2.500 soldados. Esta medida se suma a los esfuerzos de estados como Texas, que también han enviado tropas de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad fronteriza.
Sin embargo, el memorando fechado el 21 de enero indica que el plan podría escalar aún más, con la posibilidad de enviar "unos 10.000 soldados" adicionales para colaborar con la misión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Además, el Departamento de Defensa está considerando convertir sus bases en instalaciones de detención para albergar a los migrantes mientras esperan su deportación, lo que marcaría un giro significativo en la gestión de la crisis migratoria.
De acuerdo con el documento, también se planea una expansión masiva de la capacidad de detención en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los funcionarios del ICE buscan la construcción de 14 nuevos centros de detención con capacidad para hasta 1.000 inmigrantes cada uno, además de otros cuatro centros con capacidad para albergar hasta 10.000 migrantes detenidos en cada uno.
Un alto funcionario militar estadounidense explicó que el despliegue de 1.500 soldados incluiría tanto tropas del ejército como marines, quienes no participarían en la aplicación de la ley debido a las restricciones legales, pero que sí colaborarían con la CBP en tareas operativas, como la construcción de barreras fronterizas y la vigilancia aérea. Además, el Departamento de Defensa ofrecerá transporte aéreo militar para apoyar las deportaciones de más de 5.000 inmigrantes detenidos a lo largo de la frontera.
Estos planes son parte de la estrategia de Trump para reducir la inmigración ilegal y limitar el acceso al asilo, ampliando el papel del ejército en una función tradicionalmente reservada para las autoridades civiles. La administración también ha implementado políticas que permiten la deportación rápida y sumaria de migrantes, negándoles la oportunidad de solicitar asilo.
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Trump ha basado parte de su justificación legal en el artículo 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que otorga al presidente la facultad de suspender la entrada de extranjeros cuando se considera que su llegada es perjudicial para los intereses de Estados Unidos. Según esta interpretación, la administración Trump ha calificado a los migrantes como una "invasión" que amenaza la seguridad pública y nacional.
Este enfoque radical se produce en un contexto en el que los cruces ilegales en la frontera sur habían alcanzado su nivel más bajo en cuatro años antes de la llegada de Trump a la presidencia. La ofensiva de México contra los migrantes y las políticas de restricción de asilo implementadas por la administración Biden también contribuyeron a una drástica disminución de los cruces ilegales en 2024.
