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Los jueces del Supremo determinaron hoy que la denuncia de la empresa Helmerich & Payne no debía haber prosperado en tribunales inferiores porque no habían demostrado de manera suficiente que se les había incautado propiedad en violación del derecho internacional y, en concreto, de la Ley de Inmunidad de Soberanías.
La decisión se produjo por unanimidad por los ocho jueces del Tribunal Supremo que escucharon los argumentos de las partes el pasado noviembre, cuando aún no formaba parte de la corte el magistrado Neil Gorsuch, nombrado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y que no participó en el veredicto.
Helmerich & Payne, con sede en Oklahoma (EEUU), operó durante años en territorio venezolano y tuvo como cliente al Gobierno, pero en 2009 cesó sus operaciones y desmontó los taladros de perforación después de que el Ejecutivo acumulara con ella una deuda millonaria.
En respuesta a esa acción, el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, ordenó en junio de 2010 la nacionalización de once torres de perforación petrolera de Helmerich & Payne, tras denunciar que la empresa mantenía "ociosos" esos taladros desde hacía "un considerable tiempo".
Helmerich & Payne reaccionó demandando tanto al Gobierno venezolano como a la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), amparándose en la Ley de Inmunidad de Soberanías Extranjeras y alegando que la nacionalización se produjo en contra de la legalidad internacional.
Las naciones extranjeras normalmente son inmunes a juicios en EE.UU., pero la Ley de Inmunidad de Soberanías Extranjeras contempla excepciones en caso de que propiedad privada sea incautada.
El proceso llegó hasta el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde se halla Washington y que en 2015 falló a favor de la empresa Helmerich & Payne.
Con el fin de frenar el pleito, Venezuela interpuso una demanda ante el Tribunal Supremo y pidió a sus jueces que definieran, bajo la Ley de Inmunidad de Soberanías, cuándo un Gobierno extranjero puede ser demandado en EE.UU. por expropiar propiedades localizadas en su territorio pero que pertenecían a una compañía estadounidense.
El juez progresista Stephen Breyer, encargado de escribir el veredicto, determinó que si el Tribunal Supremo permite que los Gobiernos extranjeros sean demandados con demasiada facilidad, entonces, existe el riesgo de "crear fricción con otras naciones" y sufrir "acciones recíprocas" contra Estados Unidos.
En este caso, el Gobierno de EE.UU. apoyó al Ejecutivo venezolano al argumentar que un fallo contra el país caribeño podría dañar las relaciones entre los dos países.
Con información de EFE.
