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Funcionarios estatales y municipales de Minnesota e Illinois presentaron demandas federales contra la administración del presidente Donald Trump, al acusar al gobierno de violar la Constitución de Estados Unidos y vulnerar la soberanía de los estados mediante un despliegue masivo de agentes federales de inmigración en las áreas metropolitanas de Minneapolis y Chicago.
Las acciones legales, interpuestas por separado ante tribunales federales en ambos estados —de mayoría demócrata—, buscan frenar lo que describen como campañas de control migratorio sin precedentes, ejecutadas sin autorización expresa del Congreso y en abierta contradicción con la Décima Enmienda, que reserva a los estados las competencias no delegadas al gobierno federal.
Demandas en tribunales federales de Minnesota e Illinois
En el caso de Illinois, el gobierno estatal y la ciudad de Chicago solicitaron a un juez que prohíba a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) realizar controles migratorios civiles dentro del estado sin un mandato legislativo claro. La demanda de Minnesota, presentada junto con las ciudades de Minneapolis y St. Paul, pidió bloquear el incremento extraordinario de agentes federales, al que calificó de ilegal y desestabilizador.
Ambas demandas se presentaron una semana después de la intensificación de operativos migratorios en Minnesota y tras meses de acciones visibles en Chicago. Los gobiernos demandantes sostienen que los despliegues federales han invadido funciones estatales y locales, generando un clima de intimidación y caos operativo.
La administración Trump ha defendido reiteradamente su actuación, argumentando que las campañas son necesarias para ejecutar la agenda migratoria presidencial frente a la falta de cooperación de autoridades estatales y municipales.
Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), calificó la demanda de Illinois como “infundada” y aseguró que el gobierno federal demostrará su legalidad en los tribunales.
“Es realmente asombroso que la izquierda redescubra milagrosamente la Décima Enmienda cuando no quiere que los agentes federales hagan cumplir la ley federal”, afirmó, añadiendo que dicha aplicación es “una clara responsabilidad federal”.
El asesinato de Renee Good, detonante de las protestas
La tensión ha sido particularmente elevada en Minneapolis, donde un agente federal de inmigración disparó y mató a la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good en una calle residencial la semana pasada. El hecho desencadenó protestas masivas y profundizó el enfrentamiento entre autoridades estatales y federales. Mientras el gobierno federal ha defendido el tiroteo como legal y necesario, funcionarios locales han rechazado esa versión. El FBI investiga el caso.
Las demandas solicitan a los jueces imponer límites amplios a la conducta de los agentes federales. El escrito de Illinois acusa a la administración Trump de desatar un “bombardeo organizado” que ha impuesto un clima de miedo, mientras que la demanda de Minnesota denuncia que “miles de agentes del DHS armados y enmascarados” han llevado a cabo redadas “militarizadas, peligrosas e inconstitucionales” en las Ciudades Gemelas.
“Las personas están siendo discriminadas racialmente, acosadas, aterrorizadas y agredidas”, declaró el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, quien añadió que las fuerzas policiales estatales dedican “incontables horas” a gestionar el impacto de las operaciones del ICE. “Esta invasión federal de las Ciudades Gemelas tiene que cesar”, afirmó.
La demanda de Illinois detalla patrullajes itinerantes, uso de gas lacrimógeno, toma de huellas dactilares y fotografías, así como operativos de alto perfil ocurridos el año pasado, incluyendo marchas de agentes por el centro de Chicago, el uso de un helicóptero en una redada en un edificio residencial y dos tiroteos vinculados a operativos federales.
“La ocupación de Illinois y Chicago busca obligar a los demandantes a abandonar sus políticas que valoran y respetan a los inmigrantes”, sostiene el documento judicial.
Estas demandas se suman a litigios previos contra decisiones del presidente Trump, incluyendo la federalización de tropas de la Guardia Nacional pese a objeciones estatales y el uso de tácticas específicas por parte de agentes de inmigración. El año pasado, un juez federal bloqueó temporalmente un despliegue de la Guardia Nacional en Illinois, aunque restricciones posteriores al uso de la fuerza fueron anuladas en apelación.
Trump llegó al poder con la promesa de deportar a inmigrantes indocumentados y ha intensificado las operaciones durante su primer año de mandato. Además de Chicago y Minneapolis, operativos federales se han llevado a cabo en Los Ángeles, Nueva Orleans y Portland, entre otras ciudades gobernadas por demócratas.
El foco más reciente ha sido Minnesota, donde funcionarios federales justificaron el envío masivo de agentes por presunto fraude generalizado en programas estatales de servicios sociales. En los últimos días, agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza han patrullado calles y realizado arrestos, enfrentándose en ocasiones a manifestantes, mientras la relación entre autoridades estatales y federales se deteriora aún más tras el tiroteo mortal de la semana pasada.
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