La FM en Google News
El primer ataque mortal de la administración de Donald Trump contra un presunto barco de tráfico de drogas, realizado el 2 de septiembre, fue ejecutado por un avión militar secreto pintado para parecer una aeronave civil, según funcionarios estadounidenses que hablaron con The New York Times.
Según las fuentes, la aeronave no portaba armas visibles en el exterior, una característica clave del operativo. Las municiones fueron disparadas desde un tubo de lanzamiento interno, diseñado para ocultar el armamento dentro del fuselaje y no en las alas, lo que permitió simular un vuelo civil durante la operación.
El uso de este tipo de aeronave provocó un intenso debate legal dentro del gobierno estadounidense, ya que la ocultación deliberada del estatus militar podría constituir una violación del derecho internacional humanitario.
En el ataque murieron 11 personas, incluidas dos que sobrevivieron al primer bombardeo pero fallecieron en un segundo ataque posterior, una acción especialmente controvertida.
¿Violación del Derecho Internacional?
En el derecho de los conflictos armados, simular la condición de civil para ejecutar un ataque letal se conoce como “perfidia”, una conducta catalogada como crimen de guerra, según expertos legales.
“Armar estas aeronaves para defensa propia no constituiría una violación del derecho de la guerra”, explicó Todd Huntley, exabogado militar y actual director del programa de derecho de seguridad nacional de la Universidad de Georgetown al Washington Post.
Añadió que “usarlas como plataforma ofensiva y basarse en su apariencia civil para ganarse la confianza del enemigo sí lo es”.
La administración Trump ha sostenido que estos ataques son legales porque el presidente determinó que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga.
Sin embargo, esta interpretación ha sido ampliamente cuestionada por expertos, quienes argumentan que EE. UU. no está en guerra con narcotraficantes y que matar a presuntos delincuentes en aguas internacionales equivale a homicidio extrajudicial.
“Esto no es un conflicto armado”, afirmó Huntley. “Pero lo más sorprendente es que, incluso si se aceptara ese argumento, la operación seguiría violando el derecho internacional”.
El ataque del 2 de septiembre fue el primero de casi tres docenas de operaciones similares, que en conjunto han causado más de 100 muertes, según cifras citadas por funcionarios.
Desde el inicio, el operativo generó preguntas en el Congreso, especialmente entre legisladores demócratas y expertos en derecho de guerra, por el llamado “doble toque”, una táctica en la que las fuerzas estadounidenses regresaron para atacar nuevamente y mataron a los dos sobrevivientes que se aferraban a los restos del barco.
Pese al escrutinio, el Ejército ha mantenido en reserva los detalles técnicos sobre las aeronaves utilizadas. Funcionarios señalaron que el avión pertenece a una flota de aeronaves tripuladas de la Fuerza Aérea con apariencia civil, empleadas en misiones donde no conviene exhibir el característico color gris militar.
Aclararon que el avión ya estaba pintado de ese modo antes de la operación, y no fue modificado específicamente para este ataque.
Divisiones en el Pentágono
El uso de una aeronave con apariencia civil para disparar contra un barco sin armas visibles provocó inquietud dentro del Pentágono, incluida la preocupación de que se estuviera exponiendo una capacidad clasificada en una operación dirigida contra “civiles en un barco que no representaban una amenaza inmediata”, según un exfuncionario que habló con el medio.
“No es como si se estuvieran infiltrando en el centro de Teherán para eliminar a un alto mando del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica”, señaló el exfuncionario, subrayando la desproporción del método empleado.
Fuentes indicaron que, aunque el avión transmitía señales de identificación militar, los hombres a bordo del barco difícilmente habrían podido detectarlas sin equipos especializados, por lo que no habrían sabido que se trataba de una aeronave militar estadounidense.
Según reportes previos, el entonces secretario de Defensa, Pete Hegseth, autorizó la operación, incluida la muerte de los ocupantes, el hundimiento del barco y la destrucción de la droga.
Tras el primer ataque, el almirante Frank M. Bradley, comandante de la operación, determinó que los dos sobrevivientes seguían siendo objetivos válidos y, tras consultar con un abogado militar, ordenó el segundo ataque.
Antes de ese bombardeo final, imágenes de vigilancia en tiempo real mostraron a los dos hombres agitando los brazos y mirando al cielo.
Bradley explicó posteriormente a legisladores que no interpretó esos gestos como una rendición, señalando que buscó señales claras como levantar los brazos o agitar un paño, las cuales —según su versión— no observó.
