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El Gobierno de Nicaragua liberó este martes a un grupo de 56 presos políticos bajo la polémica Ley de Amnistía aprobada el sábado 8 de junio por la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional. Esto lo hace después de liberar el lunes a otras 50 personas.
Entre los nuevos liberados se encuentran los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda y los dirigentes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, a quienes un juez afín al presidente Daniel Ortega, había condenado a 216 y 210 años de prisión, respectivamente.
Además, a los líderes estudiantiles Edwin Carcache, Amaya Eva Coppens, Nahiroby Olivas, Byron Corea y Kevin Espinoza; a la líder de los comerciantes Irlanda Jérez; y los dirigentes opositores Yubrank Suazo y Cristhian Fajardo.
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Asimismo, el coronel retirado Carlos Brenes, fundador del Ejército Popular Sandinista (EPS) y antiguo compañero de guerrilla del presidente Ortega; el mayor retirado Tomás Maldonado; y el catedrático Ricardo Baltodano, hermano de la antigua comandante guerrillera sandinista y ahora opositora Mónica Baltodano.
Otros liberados son los jóvenes afrodescendientes inculpados por la muerte de un periodista Glen Slate y Brandon Lovo.
El Comité Internacional de la Cruz Roja trasladó a las 56 personas hasta sus domicilios para entregarlos a sus familiares, según indicó el Ministerio de Gobernación en una declaración, en la que explicó que la liberación se dio en cumplimiento de la Ley de Amnistía.
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"Nicaragua, Nicaragua", gritaban los liberados a bordo de un bus de la CICR, mientras empuñaban sus manos en señal de victoria y levantaban banderas del país y entonaban las notas del himno nacional, según imágenes que circulan en las redes sociales.
La periodista nicaragüense-costarricense Lucía Pineda brincó de emoción al ser recibida por amigos y gritó "somos libres" y "gloria a Dios", mientras otros compañeros liberados gritaban "Viva Nicaragua libre" y ondeaban la bandera nicaragüense.
El Parlamento de Nicaragua, controlado por el oficialismo, aprobó este sábado con carácter urgente esa Ley que concede "amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha".
La iniciativa ha sido rechazada por la oposición nicaragüense bajo el argumento que no ofrece justicia a las víctimas de las protestas contra el Gobierno que comenzaron por unas impopulares reformas a la seguridad social.
También porque la Ley está basada en la tesis oficial de que las manifestaciones antigubernamentales se trataron de un intento de golpe de Estado contra el mandatario.
Según la oposición, con esa amnistía el Ejecutivo lo que pretende es liberar de acusaciones legales "a su gente", entre los que mencionan a la Policía Nacional y a los civiles armados que levantaron los bloqueos en las vías que había instalado la oposición entre mayo y julio del año pasado para presionar al Gobierno.
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Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mayor responsable de la violencia que ha dejado cientos de muertos es el Gobierno de Ortega, que a mediados de 2018 se valió de policías y fuerzas "parapoliciales" con armas de guerra para atacar a civiles.
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