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La votación que este miércoles se desarrolla en el Senado brasileño para decidir si la presidenta Dilma Rousseff será sometida a un juicio político ha comenzado a configurar una clara mayoría favorable al proceso, aunque aún distante de ser definitiva.
Cuando se habían cumplido las primeras ocho horas de una sesión que deberá extenderse hasta la madrugada de este jueves, 18 de los 22 senadores que han ocupado la tribuna declararon su inclinación a aprobar el juicio político, que suspendería a Rousseff del cargo durante los 180 días que puede durar el proceso.
En contra del llamado "impeachment" solamente se han pronunciado cuatro oradores, pero el resultado que se insinúa aún no puede ser considerado definitivo, pues el pleno del Senado tiene 81 miembros y es necesaria una mayoría simple de 41 votos para aprobar el proceso.
Si así fuera, Rousseff sería separada del cargo durante los 180 días que puede durar el juicio político y su lugar sería ocupado por el vicepresidente Michel Temer, quien debería completar el mandato que concluye el 1 de enero de 2019 en caso de su destitución.
Los únicos senadores que hablaron contra el proceso fueron Angela Portela, Jorge Viana y Fátima Bezerra, todos del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), y Telmário Mota, del Partido Democrático Laborista (PDT), una de las pocas formaciones que permanecen en la menguada base política de Rousseff.
En sus discursos, insistieron en la tesis de que en Brasil está en marcha un "golpe contra la democracia", a pesar de que hoy mismo la Corte Suprema, en su carácter de tribunal constitucional, avaló el desarrollo del proceso al negar un último recurso intentado por la Abogacía General del Estado, que defiende a Rousseff.
La demanda exigía la "nulidad" de todo el proceso y alegaba para ello supuestos "vicios" detectados desde el propio inicio, pero fue negada por el magistrado Teori Zavascki, uno de los once miembros del tribunal.
El principal argumento de la demanda era un supuesto "desvío de finalidad" cometido en diciembre por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, un declarado adversario de Rousseff que aceptó a trámite las denuncias contra la presidenta.
En su decisión, Zavascki indicó que los alegatos esgrimidos por la defensa de Rousseff, que acusa a Cunha de actuar por "venganza", están basados en informaciones periodísticas que pueden ser muy fácilmente contestadas.
"No hay cómo identificar en un sinfín de titulares un conjunto probatorio capaz de demostrar, de forma jurídicamente incontestable, que aquellas iniciativas (de Cunha) hayan superado los límites de la oposición política, que es legítima, y hayan herido la validez del proceso de 'impeachment'", aseguró el magistrado.
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