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En una jornada cargada de tensiones y decisiones trascendentales, se aprobó en particular el proyecto de la Ley Bases en Argentina. El debate se enfocará ahora en las “medidas fiscales paliativas y relevantes”, antes de que el proyecto vuelva en segunda revisión a la Cámara de Diputados.
El voto de la vicepresidenta Villarruel fue crucial en la primera votación en particular, permitiendo al Gobierno mantener las facultades delegadas contempladas en el primer artículo del proyecto. Tras un empate en 35 votos, Villarruel desempató con una amplia sonrisa cuando el tablero mostró que su intervención sería decisiva para inclinar la balanza a favor del Poder Ejecutivo.
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A pesar de contar con tan solo siete legisladores, menos del 10% del total de 72 senadores, el Gobierno logró la aprobación en general de la Ley Bases gracias a una coalición política compuesta por la UCR, Pro, peronistas disidentes y fuerzas provinciales. Estos grupos destacaron la necesidad de dotar al Poder Ejecutivo con las herramientas necesarias para la administración, aunque no sin criticar a Milei por su estilo político y advertirle que es hora de mostrar resultados.
El kirchnerismo, principal opositor a la iniciativa, alineó a sus 33 senadores en contra del Gobierno, al que culparon por la caída del poder adquisitivo, el aumento de precios, la pobreza y el desempleo. Además, los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano también votaron en contra y protagonizaron un hecho curioso al abandonar el recinto apresuradamente tras perder la votación en general. Si hubieran permanecido, el Gobierno habría perdido la votación del artículo que otorga una amplia delegación de facultades legislativas.
El radical Martín Lousteau, autor de un dictamen alternativo, votó en contra, alineándose nuevamente con el kirchnerismo, como ya lo hizo en la votación del DNU 70/23 a mediados de marzo pasado. Lousteau criticó duramente a la administración Milei, acusándola de hablar mucho de figuras históricas como Alberdi y Roca, pero sin incluir un solo artículo sobre educación en la nueva ley. “Son liberales para decorar edificios públicos pero nunca para redactar leyes”, fustigó.
Por su parte, Juliana Di Tullio (Buenos Aires) acusó al Gobierno de generar un contexto complicado para pedir estas herramientas, denunciando extorsiones y negociaciones durante el debate. “No está bien que se canjeen votos, está mal, ensucia esta sesión y ensucia la discusión espantosamente”, remató.
Ezequiel Atauche (Jujuy), jefe del bloque oficialista, respondió afirmando que el gobierno de Alberto Fernández dejó al país con la peor inflación desde el regreso de la democracia y una deuda bruta de 90.180 millones de dólares, acusando a la administración anterior de llevar al país hacia una catástrofe económica y social.
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Para asegurar la aprobación de la Ley Bases, el oficialismo hizo concesiones significativas, eliminando Aerolíneas Argentinas, el Correo y los medios públicos de Radio y Televisión Argentina (RTA) del artículo que permitía al Gobierno vender o concesionar siete empresas públicas. Este fue el precio que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y sus enviados debieron pagar para evitar el fracaso del proyecto en el Senado.
El debate estuvo marcado por momentos de alta tensión, como cuando la vicepresidenta Villarruel enfrentó a la conducción del bloque de Unión por la Patria para evitar una maniobra que buscaba pasar a cuarto intermedio la sesión para que una comisión intercediera ante las fuerzas de seguridad desplegadas frente al Congreso “para detener la represión”. Villarruel respondió firmemente a Eduardo De Pedro (Buenos Aires), quien había realizado la moción, insinuando que defendía un régimen no democrático.
Guadalupe Tagliaferri (Pro), aunque votó a favor del proyecto, también criticó al Gobierno por repetir la misma intolerancia a las críticas que caracterizó a los gobiernos kirchneristas. “El país necesita reformas profundas, pero no cualquier reforma”, advirtió.
El cordobés Luis Juez justificó el apoyo de la bancada Pro en la necesidad de darle al Gobierno las herramientas necesarias para su gestión, destacando la falta de precedentes de un gobierno sin una ley que considere su hoja de ruta en tan poco tiempo desde el retorno de la democracia.
Finalmente, Juan Carlos Romero (Cambio Federal-Salta) apoyó el proyecto, argumentando que el rumbo económico es el correcto, destacando la necesidad de cambiar el camino emprendido por el kirchnerismo para encontrar mejoras.
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