Sarkozy, juzgado en Francia por tráfico de influencias

De ser hallado culpable, podría ser condenado a hasta 10 años de prisión y una multa máxima de un millón de euros.
Nicolas Sarkozy, expresidente francés
Nicolas Sarkozy, expresidente francés. Crédito: AFP

Nicolas Sarkozy se convirtió este lunes en el primer expresidente francés que se sienta en el banquillo de acusados por corrupción, en la apertura del proceso en el que se le juzga por un presunto delito de tráfico de influencias.

Vestido de negro, visiblemente serio aunque con el rostro cubierto por una mascarilla para cumplir las normas de protección contra la covid-19, Sarkozy llegó al Palacio de Justicia por una puerta secundaria para evitar a la prensa, que solo pudo verle al entrar en la sala.

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A sus 65 años, el hombre que dirigió Francia entre 2007 y 2012 debe responder a las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias cometidos presuntamente en 2014, cuando trató de obtener los favores de un juez en otra investigación.

El caso, sacado a la luz por unas escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia, pone de manifiesto el complejo panorama judicial al que se enfrenta el expresidente.

Sarkozy estaba bajo escucha por la presunta financiación ilegal con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi de su campaña presidencial de 2007.

Los investigadores interceptaron en ese contexto una conversación entre Sarkozy y su abogado en la que el expresidente se mostraba dispuesto a ayudar a la promoción de un magistrado a cambio de ayuda en otra investigación, la de financiación de su campaña de 2007 con dinero de la heredera del imperio cosmético L'Oréal Liliane Bettencourt.

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De la conjunción de esos dos casos surgió el tercero, que se ha convertido en el primero en sentar al expresidente en banquillo de los acusados.

El juicio, que puede ser aplazado a petición de uno de los acusados, el magistrado Gilbert Azibert, que alega problemas de salud, puede acarrear a Sarkozy penas de prisión y fuertes multas.

De ser declarado culpable, Sarkozy, que se retiró de la política tras su derrota en la carrera al Elíseo en 2016, podría ser condenado a una pena de prisión de hasta 10 años y una multa máxima de un millón de euros (1,2 millones de dólares).


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