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En un mensaje transmitido por televisión desde el Palacio presidencial de Planalto, y flanqueada por sus ministros, Rousseff reiteró su "más absoluto inconformismo" con la operación policial de la que fue objeto hoy Lula, quien fue trasladado desde su casa a una comisaría para prestar declaración.
Rousseff, que ya había difundido una nota en la que calificó de "innecesaria" esa operación y exigió "respeto" a los derechos individuales y "responsabilidad" a las instituciones, aprovechó para responder a la supuesta delación de un político detenido por el caso Petrobras, que la acusó de intentar manipular a la justicia.
La mandataria manifestó su "inconformismo" e "indignación" frente a supuestas acusaciones del parlamentario Delcidio Amaral, exjefe del grupo oficialista en el Senado, que fue detenido en noviembre pasado y, según reveló la revista Istoé, aceptó cooperar con la justicia e hizo graves acusaciones contra Rousseff y Lula.
La presidenta se refirió en particular a una de ellas, que se refiere a irregularidades en la compra de una refinería en EE.UU. por parte de Petrobras en 2006, cuando Rousseff presidía el consejo directivo de la compañía estatal.
Según la supuesta delación de Amaral, la mandataria y todos los miembros del consejo sabían de las irregularidades, pero aún así decidieron seguir adelante con la compra de la refinería, que según admitió más tarde Petrobras, le causó unas pérdidas por el orden de al menos 500 millones de dólares.
Rousseff recordó que, en 2014, prestó explicaciones sobre ese asunto a la Procuraduría General, que decidió archivar el caso tras aceptar que los miembros del consejo desconocían que existían dos cláusulas lesivas a Petrobras en el contrato de compra firmado con la firma belga Astra Oil, antigua propietaria de las instalaciones.
"La Procuraduría afirmó taxativamente que no es posible atribuir ningún delito a los miembros del consejo", pues la existencia de esas dos cláusulas les había sido ocultada por un director de Petrobras, que luego acabó condenado por las corruptelas en esa empresa, afirmó Rousseff en su pronunciamiento.
También desmintió en forma tajante las supuestas acusaciones de Amaral en el sentido de que ella había intervenido directamente en el nombramiento de algunos miembros del Supremo Tribunal de Justicia a fin de favorecer "la liberación" de algunos empresarios detenidos por la corrupción petrolera.
Según Istoé, Amaral dijo que discutió ese asunto "personalmente" con Rousseff, pero la mandataria aseguró hoy que "hasta desde el punto de vista institucional, no tenía ninguna razón para pedirle opiniones al respecto a un senador".
Después de que Istoé reveló esas supuestas acusaciones de Amaral, el propio senador, que está en régimen de prisión domiciliaria, hizo pública una nota en la cual dijo que, "en principio", ni él ni su "defensa confirman el contenido del reportaje" de la revista.
"Desconocemos el origen y tampoco reconocemos la autenticidad de los documentos anexados al texto" publicado por Istóe, añadió.
Según las leyes brasileñas que regulan las llamadas "delaciones premiadas", que pueden representar una reducción de pena, esas declaraciones deben ser homologadas por el Tribunal Supremo antes de tener valor legal y garantizar esos beneficios.
En el caso de la declaración atribuida a Amaral por Istoé, aún no ha sido homologada y ello obliga al delator a mantener silencio sobre su contenido e incluso le impide confirmar que ha llegado a un acuerdo de cooperación.
Aún sin haber sido confirmada, la posible delación de Amaral ya había revolucionado este jueves la crisis política brasileña, que entró en una nueva fase tras la operación policial que hoy tuvo como blanco a Lula, el líder más carismático del país.
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