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El Senado de Chile adoptará este miércoles una ley que permitirá a los chilenos retirar hasta el 10 % de las contribuciones a su jubilación, una medida contra la crisis del coronavirus que crea una fisura en el sistema privado de pensiones, emblemático de la era Pinochet.
Tras su segura aprobación por la Cámara alta, este proyecto volverá a la Cámara de Diputados para su despacho definitivo probablemente el jueves, en lo que supondrá un revés al gobierno de Sebastián Piñera.
Si bien es una medida excepcional –promovida por la oposición con el argumento de la falta de respuesta del gobierno a la crisis-, representa la primera gran transformación de este sistema privado instaurado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
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El mecanismo es pionero en establecer la capitalización jubilatoria absolutamente individual y es uno de los motores del sistema económico chileno.
La aprobación del proyecto de ley hace una semana en la Cámara de Diputados fue celebrada con bocinas y cacerolazos en todo Chile.
Su aprobación definitiva se da por descontada tras el apoyo de al menos cinco senadores de la coalición de gobierno, que se sumaron a los 24 de la oposición.
De esta forma, los 10,9 millones de afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) podrán retirar hasta un máximo de 4,3 millones de pesos (5.400 dólares) y un mínimo de un millón de pesos (1.250 dólares) de sus fondos de pensiones. Quienes tengan ahorrado menos de ese mínimo podrán retirar la totalidad de sus fondos.
A fines de mayo, Perú adoptó una medida similar y cientos de miles de personas se inscribieron para retirar hasta 3.700 dólares de sus fondos de pensiones.
"Cirugía mayor"
Piñera resiste la medida e intentó sin éxito revertir la decisión de varios miembros de su coalición, mejorando el paquete de medidas anunciado para la clase media, con un bono de casi 630 dólares y un crédito blando por 1.900 dólares, en una iniciativa que recién se tramita en el Congreso.
Además prometió "cirugía mayor" al sistema de pensiones, cuestionado desde hace años por las bajísimas pensiones que entrega y por no cumplir su promesa de igualar al año 2020 el último salario con la jubilación.
Pero con estudios y comisiones oficiales que alertan por lo menos desde 2005 sobre la debacle del sistema, ningún intento de reforma ha logrado prosperar.
"Que no haya prosperado una reforma tiene que ver con el enorme poder que significa administrar más de 80 % del PIB" chileno", dice el economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman, sobre los 201.000 millones de dólares que en casi 40 años han logrado acumular los fondos privados de pensiones chilenos. Y desde esta posición, agrega el economista, "el poder de lobby de las AFPs es enorme".
No acostumbrarse a vivir del Estado
Las medidas del gobierno ante la crisis económica no fueron eficaces, y el escenario se volvió insostenible para miles de familias, que enfrentaron infinitas trabas para acceder a recursos de emergencia que se retrasaron.
La ayuda se concentró en los sectores más desfavorecidos económicamente, en tanto los sectores de medianos ingresos se sintieron desprotegidos, a pesar de que Chile cuenta con ahorros en fondos soberanos de inversión creados a partir de sus ventas de cobre, por unos 24.000 millones de dólares.
Para varios economistas, los factores ideológicos han primado a la hora de delinear las políticas públicas para enfrentar la pandemia.
"Se teme que al romper la focalización (de la ayuda en los sectores más pobres), los hogares (de ingresos medios) se acostumbren a que el Estado les entrega derechos universales básicos", dice Marco Kremerman.
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El economista de la Universidad de Santiago, Gonzalo Martner, coincide con esta visión y agrega el interés de no aumentar impuestos a los más ricos.
"Es la combinación de la idea ortodoxa, de que todos somos más pobres y debemos apretarnos el cinturón; de la ideológica, de que la gente no se acostumbre a vivir del Estado, y del interés en perspectiva de no generar una situación en donde no quedará de otra que cobrar más impuestos a las personas de mayores ingresos. Esas tres cosas son las que determinan la conducta del gobierno", dice.
Chile tiene hoy una carga tributaria del 21 %, mientras que el promedio de los países de la OCDE es del 34 %.
