El juicio contra el dictador venezolano Nicolás Maduro estará a cargo de Alvin Hellerstein, un juez federal de 92 años, judío ortodoxo y uno de los magistrados en activo con mayor trayectoria en Estados Unidos. Hellerstein fue nombrado hace casi tres décadas por el entonces presidente Bill Clinton para ocupar su puesto en la corte federal del distrito sur de Nueva York.
Maduro fue capturado el sábado por fuerzas del ejército estadounidense mientras dormía en Caracas y trasladado posteriormente a Estados Unidos. Desde entonces permanece recluido en el centro de detención federal de Brooklyn, a la espera de su comparecencia ante el tribunal.
Nacido en Nueva York en 1933, Hellerstein fue abogado del ejército de Estados Unidos, ejerció en el sector privado y en mayo de 1998 fue designado juez superior del distrito sur de Nueva York. A lo largo de su carrera se ha consolidado como una figura clave del sistema judicial federal, con participación en algunos de los procesos más complejos y sensibles del país.
El proceso podría trasladarse a Florida
El caso contra Maduro se juzgará previsiblemente en Nueva York, aunque la sede aún no está completamente definida, luego de que el presidente de Estados Unidos dejara abierta la posibilidad de trasladar el proceso a Florida. De confirmarse Nueva York, las audiencias se celebrarían en el palacio de justicia Daniel Patrick Moynihan, sede del tribunal del distrito sur, escenario habitual de juicios contra narcotraficantes, mafiosos y figuras políticas de alto perfil.
En ese mismo tribunal se llevó a cabo el juicio contra el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por tráfico de drogas, aunque posteriormente indultado por Trump.
La asignación del caso coloca a Hellerstein en el centro de uno de los procesos judiciales más relevantes de las últimas décadas. Entre los casos más conocidos que ha dirigido figuran las reclamaciones civiles por los daños del atentado del 11 de septiembre, el proceso por acoso sexual contra el productor cinematográfico Harvey Epstein, así como el caso del exabogado de Donald Trump, Michael Cohen.
El juez también preside el proceso contra el exgeneral venezolano Hugo Armando “el Pollo” Carvajal, acusado de narcotráfico y narcoterrorismo. Carvajal, exjefe de los servicios de inteligencia del chavismo y exdiputado, decidió colaborar con las autoridades estadounidenses y se declaró culpable el pasado verano de cuatro delitos federales en el mismo tribunal de Nueva York donde será juzgado Maduro. Su testimonio es considerado clave dentro de la causa contra el mandatario venezolano.
Un juez perteneciente a la comunidad judía
Hellerstein estudió derecho en la Universidad de Columbia y comenzó su carrera como becario en el juzgado que hoy preside. A lo largo de los años ha sido reconocido por emitir sentencias extensamente fundamentadas y por mantener una posición de equidistancia judicial, pese a su pertenencia visible a la comunidad judía ortodoxa.
“En Estados Unidos no existe una prueba religiosa para acceder a un cargo. Judíos, cristianos, musulmanes o ateos son iguales ante la ley y gozan de las mismas oportunidades para acceder a un cargo público”, escribió en 2013 en una revista de la Universidad de Long Island. “La forma en que un juez decide un caso no debería depender de su educación religiosa, su identificación religiosa o sus valores religiosos”, añadió.
En ese mismo texto, Hellerstein reflexionó sobre el impacto del perfil personal de los jueces en los procesos judiciales: “Si bien las decisiones de los jueces difieren, es poco probable que sus creencias y valores religiosos marquen la diferencia. Sin embargo, los abogados saben que la selección de un juez para un caso (…) es un evento tan importante como cualquier otro”.
El documento de acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos imputa a Maduro cuatro delitos federales: conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y posesión de dispositivos destructivos. Las acusaciones también se extienden a su esposa, su hijo y otros dos altos funcionarios de su gobierno.
La fiscalía sostiene que Maduro se enriqueció ilegalmente durante sus años en distintos niveles del poder en Venezuela y que formó parte de un entramado destinado a inundar de drogas el mercado estadounidense, una acusación que sitúa al mandatario venezolano en el centro de una de las causas penales más graves jamás presentadas contra un jefe de Estado en funciones.