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El presidente ruso, Vladimir Putin, llegó a Mongolia en lo que marca su primera visita a un miembro de la Corte Penal Internacional (CPI) desde que la institución emitió una orden de arresto en su contra el año pasado. Esta visita ha generado gran controversia y atención internacional, especialmente considerando las acusaciones que enfrenta Putin por la presunta deportación ilegal de niños ucranianos, un crimen de guerra según la CPI.
A su llegada a la capital mongola, Ulaanbaatar, Putin fue recibido con una ceremonia lujosa, encabezada por el presidente mongol Ukhnaagiin Khürelsükh. En la Plaza Genghis Khan, soldados a caballo se alinearon mientras una banda interpretaba himnos marciales en honor al líder ruso. A pesar de la pompa y el protocolo, la visita no estuvo exenta de tensiones.
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Un pequeño grupo de manifestantes se reunió el lunes por la tarde, exigiendo la expulsión de Putin con un cartel que leía: "Saquen al criminal de guerra Putin de aquí". Además, se anticipa otra protesta en el Monumento a los Reprimidos Políticamente de Ulaanbaatar, un lugar simbólico que honra a las víctimas del régimen comunista apoyado por la Unión Soviética, del cual Mongolia fue satélite.
Las fuerzas de seguridad en Mongolia han tomado precauciones estrictas para evitar que los manifestantes se acerquen a Putin, subrayando la delicada naturaleza de la visita. En un contexto más amplio, Ucrania ha intensificado la presión sobre Mongolia, pidiendo que detenga a Putin y lo entregue a la CPI. "Hacemos un llamamiento a las autoridades de Mongolia para que cumplan con la orden de arresto internacional obligatoria y transfieran a Putin al Tribunal Penal Internacional en La Haya", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania a través de Telegram.
La orden de arresto contra Putin, emitida por la CPI, se centra en las acusaciones de crímenes de guerra relacionados con la deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022. Junto a Putin, también se emitió una orden de arresto contra Maria Lvova-Belova, la comisionada rusa para los derechos del niño, por los mismos delitos. Moscú, sin embargo, ha rechazado las acusaciones y calificado las órdenes de arresto como "escandalosas".
La CPI, con sede en La Haya, ha reiterado que sus miembros tienen "la obligación" de actuar y detener a los sospechosos cuando se emiten órdenes de arresto. No obstante, Mongolia, a pesar de ser miembro de la CPI, no ha respondido públicamente al llamado de Ucrania ni ha tomado ninguna medida al respecto. Este silencio ha suscitado críticas, dado el papel de Mongolia como un antiguo estado satélite de la Unión Soviética y su continua dependencia de Rusia para el suministro de gas y electricidad.
Las relaciones entre Mongolia y Rusia han permanecido amigables desde el colapso de la Unión Soviética en 1991. Mongolia no ha condenado la invasión rusa de Ucrania y se ha abstenido de votar sobre el conflicto en la ONU, lo que refleja su precaria posición geopolítica. Como país sin salida al mar que limita tanto con Rusia como con China, Mongolia se encuentra en una posición estratégica delicada.
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Rusia, por su parte, ha estado en conversaciones durante años para construir el gasoducto Power of Siberia 2, que transportaría 50 mil millones de metros cúbicos de gas natural al año desde la región de Yamal a China a través de Mongolia. Este proyecto es parte de la estrategia rusa para diversificar sus mercados energéticos, especialmente tras la caída de las ventas de gas en Europa debido al boicot internacional motivado por la invasión de Ucrania.
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