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Amnistía Internacional (AI) señaló que la muerte de 49 manifestantes peruanos en choques con las fuerzas del orden durante las protestas antigubernamentales, entre diciembre y febrero pasados, demuestra una "respuesta estatal deliberada y coordinada" que fue "ordenada o tolerada por altos cargos".
"Las similitudes en el uso de la fuerza contra manifestantes en distintas partes del país indican una posible estrategia ordenada o tolerada por altos cargos", afirmó la organización en el informe Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú, que analiza 52 casos de fallecidos o heridos en las protestas.
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Asimismo,la secretaria general de AI, Agnés Callamard, declaró en la presentación del informe en Lima que, "lejos de ser incidentes aislados atribuidos a agentes descontrolados que actúan por su cuenta, el número de muertes en múltiples fechas y diferentes lugares sugiere una respuesta estatal deliberada y coordinada".
"Las autoridades peruanas deben investigar la posibilidad de que altos cargos ordenaran o al menos toleraran estos homicidios, sin importar lo alto que lleguen en la cadena de mando", expresó.
Además, advirtió que, "en lugar de condenar el uso excesivo de la fuerza, las altas autoridades de Perú lo fomentaron alabando públicamente las acciones de las fuerzas de seguridad, al tiempo que estigmatizaban a las personas que se manifestaban calificándolas de 'terroristas' y difundiendo intencionadamente desinformación".
En este sentido, Callamard expresó que el Gobierno hizo esfuerzos para presentar a los manifestantes como terroristas o delincuentes, pero recalcó que los fallecidos eran manifestantes, observadores y transeúntes, y que casi todas ellos pertenecían a "entornos pobres, indígenas y campesinos, lo que sugiere un sesgo racial y socioeconómico en el uso de fuerza letal".
"El uso de armas de fuego letales contra manifestantes muestra un flagrante desprecio por la vida humana", dijo.
El informe analiza 52 casos de personas fallecidas o heridas durante protestas en varios puntos del sur del país (Andahuaylas, Chincheros, Ayacucho y Juliaca) y concluye que, de estos, hay 25 muertes, de las cuales 20 "pueden constituir ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas estatales".
Argumentó que funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dispararon munición real contra zonas sumamente vulnerables del cuerpo (la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen), y que también hay indicios adicionales, como vídeos, imágenes, expedientes penales y declaraciones de testigos, que señalan un uso injustificado de la fuerza.
A la presentación del informe también acudieron familiares de víctimas fallecidas en enfrentamientos con la fuerzas del orden.
"En reiteradas veces hemos escuchado a la presidenta (Dina Boluarte) mencionar que Puno (región del sur) no es el Perú, nos ha tildado de ponchos rojos (supuesto grupo radical boliviano), de narcotraficantes y contrabandistas. Una serie de términos que, después de la muerte de nuestros seres queridos ha ido ahondando más en nuestro dolor", dijo a EFE con lágrimas en los ojos Raúl Samillán.
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Samillán es hermano de uno de los 49 fallecidos y el presidente de la asociación de mártires y victimas del 9 de enero de Juliaca, fecha y ciudad en la que 18 personas perdieron la vida en enfrentamientos con la Policía.
Expresó que se puede ver claramente la estigmatización hacia su pueblo, porque las fuerzas del orden mataron a personas de extrema pobreza y que viven en los Andes, algo que no han hecho en Lima.
