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La justicia argentina procesó a dos altos jerarcas de inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), acusados de actividades de espionaje ilegal sobre la exmandataria y actual vicepresidenta Cristina Kirchner.
Se trata del exjefe de la Administración Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo de Arribas y de la exvicejefa, Silvia Majdalani, procesados por espionaje ilegal, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos.
También fueron embargados por dos millones de pesos (26.700 dólares) cada uno, con prohibición de salida del país.
El exjefe de contrainteligencia, Martín Coste, ya había sido procesado por los mismos delitos en el marco de la misma causa, abierta tras una denuncia de la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño.
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El juez federal, Juan Pablo Auge, investiga supuestas actividades de vigilancia prohibidas, realizadas en 2018 sobre Kirchner y el Instituto Patria, el centro de estudios y actividad política de la vicepresidenta de centro-izquierda emplazado a unos 300 metros del Congreso.
Este expediente es uno de varias causas judiciales abiertas por espionaje ilegal durante el gobierno de Macri, que afectó a periodistas, dirigentes gremiales, sociales y políticos, incluso aliados del expresidente.
Macri fue procesado por espionaje ilegal cuando era alcalde de Buenos Aires (2007-2015), pero fue sobreseído dos semanas después de asumir la presidencia en diciembre de 2015.
Las defensas de Arribas y Majdalani negaron la acusación del juez y justificaron el accionar de los espías en la necesidad de dar protección a la expresidenta por supuestas amenazas previo a la cumbre del G20, aunque a ella no se la notificó.
Según el juez, en la causa se pudo acreditar que en 2018 Arribas y Majdalani "impartieron órdenes" a Alan Ruiz, exjefe de Operaciones Especiales, también procesado, para que coordine "un grupo conformado por agentes orgánicos e inorgánicos del área de Contrainteligencia, quienes se dedicaron a realizar tareas de inteligencia y espionaje ilegal".
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El juez señaló que los acusados "intentaron darle apariencia de legalidad a esas actividades prohibidas y para ello elaboraron, rubricaron y utilizaron documentos ideológicamente falsos simulando" que cumplían órdenes judiciales.
La AFI tiene prohibido realizar tareas de inteligencia vinculadas con la política o la seguridad interior.
