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Estados Unidos, que nunca ha querido ratificar el Estatuto de Roma, tratado que da vida a la Corte Penal Internacional (CPI), decidió retirar la visa de la fiscal de dicha corte, Fatou Bensouda, de nacionalidad gambiana. La razón es el anuncio que hizo Bensouda en 2017 de iniciar una investigación formal sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán, incluso por el ejército de Estados Unidos.
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Pero Estados Unidos ya había implementado, el pasado marzo, sus primeras sanciones contra la CPI por su molestia frente al anuncio de Bensouda. Así, negó las visas a cualquier persona involucrada en la investigación de las acciones de las tropas estadounidenses en Afganistán o en otros países.
Lo cierto es que las relaciones entre Washington y la CPI siempre han sido complicadas. Estados Unidos no cede en el reconocimiento del Estatuto de Roma, que entró en vigor en 2002 y ha sido ratificado por 123 países.
Y aunque Washington ha hecho todo lo posible para evitar que los estadounidenses fueran objeto de sus investigaciones, el gobierno del presidente Donald Trump ha llevado al extremo la desconfianza en esta institución.
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Ante estas primeras sanciones, el presidente de la CPI llamó nuevamente a que Estados Unidos apoye al tribunal y se adhieran a su tratado. "Las víctimas del pasado, presente y futuro de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra lo necesitan, y es con todo el sentido de responsabilidad que hago un llamado directo a los líderes de Estados Unidos a que apoyen a la CPI", dijo en un comunicado emitido el lunes el magistrado Chile Eboe-Osuji.
La CPI, de la cual Estados Unidos no es miembro, es una jurisdicción internacional encargada de juzgar los crímenes de guerra y contra la humanidad. Eboe-Osuji, que asistió hace una semana en Washington a la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Derecho Internacional (American Society of International Law), pidió que este país "se una a sus más cercanos aliados y amigos alrededor del Estatuto de Roma".
