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El Parlamento español pidió al Gobierno que impulse la aplicación de la denominada "ley de memoria histórica" (2007) para resarcir a las víctimas del franquismo y se proceda a exhumar los restos del dictador Francisco Franco y trasladarlos fuera del monumento del Valle de los Caídos.
El Pleno del Congreso (una de las dos cámaras parlamentarias) aprobó por mayoría una proposición no de ley en ese sentido del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), principal grupo de la oposición, con la abstención del Partido Popular (PP), de centroderecha, que apoya al Gobierno. No obstante, el Ejecutivo no está obligado a cumplirla, de manera que puede quedarse en un simple gesto simbólico del Legislativo.
La propuesta salió adelante con 198 votos a favor, solo uno en contra y 140 abstenciones. Fue respaldada por el PSOE, la coalición de izquierdas Unidos Podemos y Ciudadanos (liberales). Por el contrario, se abstuvieron el PP y ERC (independentistas catalanes de izquierda).
Los diputados dejaron constancia el martes pasado, cuando debatieron la propuesta, que la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura posterior del general Franco, que terminó con su muerte (1975), siguen siendo un asunto polémico en la política española, con intervenciones acaloradas de los parlamentarios.
Gregorio Cámara, del PSOE, argumentó entonces que el Gobierno tiene el deber democrático de "cambiar de actitud" en este asunto porque la memoria histórica es "de todos" y "las heridas del pasado se curan con la verdad".
Por el contrario, la portavoz del PP, Alicia Sánchez-Camacho, acusó a los socialistas de "romper" el consenso constitucional de la etapa democrática para que no hubiera un uso partidista de la historia española.
Tanto Unidos Podemos como ERC habían advertido a los socialistas de que la propuesta era insuficiente y tenía que ser modificada para poder apoyarla. El PSOE, sin embargo, decidió mantenerla en sus propios términos.
El socialista Cámara consideró hoy que, pese a que el Gobierno no esté obligado jurídicamente a adoptar estas medidas, sí tiene un mandato político de seguir las orientaciones del Congreso y empezar a resolver una "asignatura pendiente" de la democracia española.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, argumentó que este partido votaba a favor "por responsabilidad" y acusó al PP de seguir "enclaustrado en la mentalidad franquista".
El PSOE apoyó su propuesta en el informe sobre el futuro del Valle de los Caídos que un grupo de expertos entregó en 2011 al que era entonces ministro español de la Presidencia, el socialista Ramón Jáuregui.
Se trata de un complejo monumental mandado construir por Franco y considerado el símbolo principal de la dictadura, situado a 50 kilómetros al norte de la capital de España.
Ese documento recomienda "resignificar" su función para que "deje de ser un lugar de memoria franquista y nacional-católica" y convertirlo en un "espacio para la cultura de la reconciliación, la memoria colectiva democrática y la dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura".
En la construcción participaron prisioneros de guerra republicanos y presos políticos y las obras se prolongaron desde 1940 a 1959. En el interior también se encuentran enterrados 33.487 cadáveres de ambos bandos, y cuya exhumación piden las familias en el caso de fallecidos republicanos.
La petición aprobada por el Parlamento español también plantea reubicar en otro lugar del edificio los restos de José Antonio Primo de Rivera (1903-1936), también sepultado en la basílica del monumento, que fue el fundador de Falange Española (partido fascista del régimen).
