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La justicia boliviana anuló la orden de detención contra el exmandatario izquierdista Evo Morales por supuestos delitos de terrorismo, una semana después de la elección de su delfín Luis Arce como nuevo presidente, informó este lunes el juez Jorge Quino.
La orden de arresto contra el exmandatario exiliado en Argentina fue levantada porque "se vulneraron sus derechos, básicamente el derecho a la defensa debido a que no se citó debidamente al expresidente", dijo Quino, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al canal Unitel.
La Fiscalía General de Bolivia había imputado a Morales el 6 de julio por supuestos delitos de terrorismo y su financiamiento, y solicitó nuevamente su detención preventiva.
Otra orden de arresto por sedición y terrorismo había sido dictada en diciembre contra Morales (2006-2019), luego de que renunciara a la presidencia el 10 de noviembre en medio de una convulsión social y acusaciones de fraude electoral.
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El exmandatario indígena y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), habían rechazado todos los cargos y afirmado que tenían motivaciones políticas.
La fiscalía había abierto además otra causa a Morales por supuesto fraude en las elecciones de octubre de 2019, en las que ganó la reelección a un cuarto mandato pero luego fueron anuladas tras denuncias de irregularidades.
No hubo avances en este caso en la justicia. Además, la fiscalía había intentado a inicios de este año conseguir que la Interpol emitiera una orden de arresto internacional contra Morales, pero el organismo lo rechazó por considerar que se trataba de asuntos políticos, no criminales.
Morales fue blanco de numerosas acusaciones del gobierno derechista transitorio de Jeanine Áñez a lo largo de la campaña hacia las elecciones del 18 de octubre, que ganó Arce, su exministro de Finanzas y artífice del "milagro económico" de los 14 años de su mandato.
El 4 de septiembre, el gobierno de Bolivia contactó a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para denunciar a Morales por supuestos crímenes de "lesa humanidad" por los bloqueos de rutas de agosto. Sin embargo, esta acción pareció ser meramente simbólica y en busca de réditos electorales, pues un Estado puede pedir a la CPI que examine si es procedente que intervenga en determinado caso, pero la Corte lo hace solo cuando ha fracasado el sistema penal nacional.
La fiscalía boliviana había dicho que investigaría los bloqueos, pero nunca informó de avances.
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