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La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió este lunes a los países que respeten el estado de derecho limitando en el tiempo las medidas excepcionales contra el coronavirus para evitar un "desastre" para los derechos humanos.
"La vulneración de derechos, tales como la libertad de expresión, puede causar daños incalculables al esfuerzo orientado a contener a la COVID-19 y sus nocivas repercusiones socioeconómicas", dijo Bachelet en un comunicado.
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La ONU está particularmente preocupada por las medidas y leyes en algunos países que "contienen referencias a delitos que no están bien definidos, a veces sancionados con dureza, lo que fomenta la preocupación de que esas normas puedan usarse para amordazar a la prensa y detener a críticos y opositores".
"Habida cuenta de la índole excepcional de esta crisis, es evidente que los Estados necesitan poderes adicionales para hacerle frente. Pero, si no se defiende el Estado de Derecho, corremos el riesgo de que una emergencia de salud pública se convierta en un desastre de derechos humanos", con efectos negativos prolongados, añadió.
"Los poderes de emergencia no deben ser armas que los gobiernos puedan usar para aplastar la disidencia, controlar a la población o prolongar su estancia en el poder", advirtió Bachelet.
La Alta Comisionada dijo que las medidas excepcionales o el estado de urgencia deberían ser "proporcionales y no discriminatorias", de "duración limitada" y someterse a la supervisión del parlamento, el poder judicial y la opinión pública.
Bachelet indicó por otra parte haber recibido información de varias regiones del mundo según la cual la policía y otras fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo y a veces mortal de la fuerza para hacer cumplir el confinamiento y los toques de queda.
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"A menudo, esas violaciones de derechos humanos se han cometido contra miembros de los segmentos más pobres y vulnerables de la población", afirmó Bachelet.
"Disparar contra una persona, detenerla o maltratarla porque, motivada por la búsqueda desesperada de alimentos, ha violado un toque de queda, es sin duda una respuesta ilícita e inaceptable", dijo, sin citar ningún país en particular.
La expresidenta chilena, que estuvo ella misma detenida, también denunció que "en determinados países, miles de personas han sido detenidas por violar el toque de queda, una práctica que es a la vez insegura e innecesaria y pidió a los Estados que liberen a los detenidos que puedan serlo.
