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El secretario general de la ONU, António Guterres, se declaró este viernes "muy preocupado" por la redada llevada a cabo por las autoridades de Nicaragua contra la sede episcopal y las recientes acciones contra la Iglesia católica y organizaciones civiles y exigió al Gobierno la liberación de todas las personas detenidas de forma arbitraria.
A través de un portavoz, Guterres reiteró su llamamiento al Ejecutivo de Daniel Ortega para que garantice "la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, particularmente los derechos universales de asamblea pacífica, libertad de asociación, pensamiento, conciencia y religión".
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"El secretario general está muy preocupado por la grave obstrucción al espacio democrático y cívico en Nicaragua y por las recientes acciones contra organizaciones de la sociedad civil, incluidas las de la Iglesia católica", dijo el portavoz Farhan Haq durante una conferencia de prensa.
Según Haq, la operación de este viernes en el Palacio Episcopal de la Diócesis de Matagalpa no hace más que agravar estas preocupaciones.
Agentes de Policía ingresaron hoy a la fuerza en la sede episcopal y arrestaron al obispo Rolando Álvarez, un crítico del Gobierno de Ortega, y a siete de sus colaboradores, quienes se encontraban recluidos y retenidos desde el pasado 4 de agosto.
Álvarez, de 55 años, es acusado por la Policía Nacional de intentar "organizar grupos violentos", supuestamente "con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales", aunque de momento no han ofrecido pruebas.
La detención de Álvarez es el roce más reciente en una historia de fricciones entre la Iglesia católica nicaragüense y los sandinistas encabezados por el presidente Ortega.
En su mensaje en nombre del secretario general de la ONU, Haq volvió a pedir este viernes "la liberación de todas las personas detenidas de forma arbitraria".
Naciones Unidas, sobre todo a través de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha denunciado repetidamente la represión contra la sociedad civil en Nicaragua desde que en 2018 se inició la crisis política que vive el país.
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Dicha crisis se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre pasado en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
