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Hasta 16 millones de personas en América Latina pueden encontrarse en situación de inseguridad alimentaria aguda -la etapa previa al hambre- a finales de este año, casi 12 millones más con respecto a lo que se estimaba antes de la pandemia.
Este cálculo excluye a Venezuela, donde antes de la crisis sanitaria unas 9,3 millones de personas sufrían de una grave inseguridad alimentaria dentro del país, además de 1,2 millones de migrantes venezolanos en Colombia y Ecuador, según datos revelados hoy por el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
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El organismo, que actúa como el mayor brazo humanitario de Naciones Unidas, proyecta en un nuevo estudio que 270 millones de personas en el mundo tienen un acceso difícil y restringido a los alimentos básicos, frente a 149 millones a principios de este año.
"Las restricciones sin precedentes a la movilidad, el comercio y la actividad económica (como consecuencia de las medidas para frenar la pandemia) están causando una recesión global y haciendo estallar el hambre", dijo en Ginebra el portavoz del PMA, Tomson Phiri.
La pandemia se ha convertido en un golpe de gracia para una situación alimentaria dramática y que desde hace cuatro años no hacía más que empeorar. Los avances que podían haberse conseguido en países específicos han sido borrados por la covid-19, confirmó Phiri.
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Las dificultades para comer adecuadamente irán de la mano con el aumento de la pobreza extrema en el mundo y en América Latina, donde los datos más actuales señalan que este indicador pasará del 7,6 % (hace un año) al 12,7 % en Ecuador (en los próximos meses), del 5,5 % al 9,8 % en Brasil y del 10,3 % al 14,3 % en Colombia.
El aumento de la inseguridad alimentaria en América Latina tendrá como causas principales la pérdida de ingresos para millones de familias y la caída en las remesas que recibían de parientes que trabajaban en el exterior.
En el estudio, en el que ha colaborado la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se indica que hay 11 millones de trabajadores migrantes en América Latina y el Caribe, y que tres de cada cuatro vienen de otras partes de la región. La mayor proporción son venezolanos.
La situación de los migrantes queda ilustrada por el siguiente dato: aquellos que había comido solo una vez el día anterior a ser entrevistados para el estudio subió de un 12 % antes de la pandemia al 30 % el pasado agosto.
En Centroamérica, los pequeños agricultores que no se han recobrado de la sequía y de las malas condiciones climáticas para sus cultivos tienen una capacidad de resistencia muy escasa ante las dificultades que ha añadido el coronavirus a sus vidas.
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Las restricciones de movimiento y la casi desaparición del turismo han tenido un fuerte impacto en Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador, donde cientos de miles de familias han sufrido la reducción de las remesas que recibían.
De los que participaron en el estudio, el 78 % de hogares con un familiar que trabajaba en otro país recibía una remesa y para el 40 % de estas familias se trataba de la única fuente de ingresos.
La disminución de los envíos de dinero ya es una realidad, pero se cree que esta situación empeorará a finales de 2020, aunque todo indica que lo más difícil se vivirá en 2021, cuando las remesas podrían reducirse en un 8,1 %, según cálculos citados en el estudio.
A nivel mundial, las remesas se elevaron a 100.000 millones de dólares en 2019, de los cuales Honduras recibía 5.400 millones de dólares y El Salvador, 5.600 millones, sumas equivalentes al 22 y 21 % de sus PIB, respectivamente.
