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El expresidente sudanés, Omar al Bashir, fue condenado este sábado por un tribunal de Jartum a dos años de detención por corrupción, después de haber sido depuesto en abril por un inesperado movimiento de protesta en las calles.
Bashir, de 75 años, que dirigió el país durante 30 años con mano de hierro, fue juzgado por un tribunal especial y declarado culpable de "corrupción" y "posesión ilegal de fondos extranjeros", concretamente de Arabia Saudita.
Se trata de la primera condena judicial contra un exdirigente sudanés. Bashir escuchó el veredicto vestido con la tradicional túnica blanca y turbante y encerrado en una especie de jaula metálica dentro del tribunal.
El juez explicó que el exmandatario cumplirá su condena en un centro de detención para personas de edad avanzada, porque según la ley sudanesa los ciudadanos mayores de 70 años no pueden ir a la cárcel.
Uno de sus abogados, Hashimi el-Gaaly, aseguró que "el expresidente es un oficial del ejército que no desea reducción de condena y no quiere clemencia".
Otro de sus abogados manifestó, no obstante, que el exmandatario sí apelará la condena, aunque "no confía en el sistema judicial sudanés" y cree que es objeto de un "juicio político".
Por otra parte, el magistrado también ordenó la confiscación de fondos encontrados en el domicilio de Bashir tras su arresto en abril, un total de 6,9 millones de euros (351.770 dólares y 5,7 millones de libras sudanesas).
La Asociación de Profesionales Sudaneses, el grupo que inicialmente lideró las protestas contra Bashir, acogió favorablemente el veredicto, pero señaló que "no ha acabado todo para Bashir. Todavía hay otros asuntos" en proceso.
En las audiencias, Bashir, encarcelado desde hace meses en una prisión de Jartum, garantizó que el dinero no había sido usado con fines personales y que hacía "donaciones".
Según un testigo, el expresidente, que llegó al poder gracias a un golpe de Estado en 1989, dio cinco millones de euros a un temido grupo paramilitar.
¿Extradición?
Fuera del tribunal, varias decenas de partidarios del expresidente se manifestaron y mostraron su decepción por esta condena.
Tras conocerse el veredicto, un importante dispositivo de seguridad fue instalado en el centro de Jartum para controlar posibles manifestaciones en las próximas horas de adeptos del exjefe de Estado, y cientos de personas se manifestaron con pancartas que decían "Abajo, abajo el gobierno" y luego se dispersaron.
Paralelamente, las autoridades de transición anunciaron este sábado la disolución de organizaciones profesionales creadas en la era Bashir, tal y como reivindicaba el movimiento de protesta que derrocó al dictador en abril.
Hoy, Sudán está dirigido por un gobierno de transición con un primer ministro civil y un consejo soberano compuesto por militares y civiles.
Aunque el exjefe de Estado reconoció que había recibido un total de 90 millones de dólares (81 millones de euros) de los dirigentes sauditas, el juicio sólo incumbía a 25 millones de dólares (22,5 millones de euros) recibidos del príncipe heredero saudita Mohammed Bin Salman poco antes de su salida forzada del poder.
El juicio tampoco mencionó las terribles acusaciones contra Bashir por "crímenes de guerra", "crímenes contra la humanidad" y "genocidio" en Darfur, que merecieron ya dos órdenes de arresto contra el dirigente de parte de la Corte Penal Internacional (CPI).
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Darfur, una provincia del oeste de Sudán, fue escenario de una sangrienta guerra entre rebeldes y fuerzas progubernamentales que dejaron a partir del 2003 un saldo de 300.000 muertos y 2,5 millones de desplazados, según la ONU.
El gobierno de transición instaurado en septiembre en Sudán no ha autorizado la extradición de Bashir a La Haya, sede de la CPI.
Las Fuerzas para la Libertad y el Cambio (FFC), que lideraron la protesta contra Bashir, dijeron que no se oponen a la extradición.
Aunque Sudán no ratificó el Estatuto de Roma, fundador de la CPI, el país tiene la obligación jurídica de detener a Bashir. La investigación de la CPI sobre los crímenes de Darfur se realizó bajo mandato de la ONU, de la que Sudán sí es miembro.
Además del escándalo por corrupción y las acusaciones ante la CPI, Bashir también podría responder a otros presuntos crímenes en su país, concretamente por su papel en el golpe de Estado de 1989, actualmente investigado en un tribunal de Jartum.
Según el fiscal general, Bashir podría estar implicado en asesinatos perpetrados durante las manifestaciones.
