Más de 390 miembros de la Iglesia Anglicana abusaron de niños por 78 años

en 2018 las diócesis recibieron 449 denuncias de presuntos abusos y 2.504 sobre carencias en la protección a menores.
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Al menos 390 miembros de la Iglesia de Inglaterra, entre ellos obispos, han sido condenados por abusos a niños o personas vulnerables entre la década de 1940 y 2018, revela un informe difundido este martes en el Reino Unido.

El estudio, realizado por la Investigación Independiente de Abusos Sexuales Infantiles (IICSA, en inglés), constituida en 2015 para examinar posibles delitos en instituciones estatales, revela que, en 2018, las diócesis recibieron 449 denuncias de presuntos abusos y 2.504 sobre carencias en la protección a menores.

La presidenta de la IICSA, Alexis Jay, declara que, durante décadas, la Iglesia Anglicana "no protegió a los niños y jóvenes de abusadores sexuales y, en cambio, propició una cultura en la que los perpetradores podían esconderse", en detrimento de las víctimas.

Criticó que, al actuar así, el credo mayoritario en el Reino Unido "estaba en conflicto directo con su propio propósito moral de proporcionar cuidado y amor para los inocentes y vulnerables" en la sociedad.

El informe lamenta que, en Gales -también objeto de la investigación-, la comunión anglicana ni siquiera ha conservado registros suficientes que permitan examinar los posibles abusos cometidos en el pasado.

La Iglesia de Inglaterra, con la reina Isabel II a la cabeza, es la religión oficial en territorio inglés, tiene ramas en Escocia, Gales e Irlanda y es matriz de la comunión anglicana global.

Previo a la publicación del informe, el primado arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y el arzobispo de York, Stephen Cottrell, se disculparon en una carta por el "vergonzoso" comportamiento de la Iglesia y prometieron "escuchar, aprender y actuar" según las recomendaciones del documento.

Entre otras cosas, el estudio propone que la Iglesia Anglicana mejore la gestión de denuncias y expulse a los culpables de abusos; que centralice la contratación de agentes de protección infantil en lugar de dejarla en manos de las diócesis; que comparta información sobre el traslado de clérigos entre territorios y que ayude económicamente a las víctimas.


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